El gobierno de Nicaragua lanzó una amplia campaña de represión contra la prensa y los activistas, además de ordenar el cierre de nueve organizaciones no gubernamentales (ONG), denunció hoy el grupo civil Human Rights Watch (HRW).
En un comunicado, destacó que el presidente Daniel Ortega cerró varias ONG, además de allanar varias de sus oficinas. Entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2018, el Congreso eliminó los nueve grupos de su registro legal y los obligó a cerrar.
El congresista Filiberto Rodríguez, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), presentó las mociones de registro a solicitud del Ministerio del Interior.
Allanamiento
En la noche del 13 de diciembre, la Policía Nacional allanó cinco de estas organizaciones y las oficinas de un medio de comunicación independiente, confiscando documentos y computadoras. HRW señaló también como responsables a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega.
La administración de Ortega y Murillo lanzó una ofensiva para silenciar a quienes aún se atreven a exponer sus abusos y pedirles cuentas , expresó José Miguel Vivanco, director para América de HRW.
La policía y los grupos armados a favor del gobierno han hostigado, intimidado, asaltado brutalmente y han detenido arbitrariamente a varios periodistas desde abril, precisó HRW. Aseguró que dos periodistas extranjeros han sido deportados sumariamente.
Los reguladores estatales han cerrado canales de noticias críticos durante varios días. Además, medios de información en internet, incluyendo el sitio Confidencial, han sido objeto de repetidos ataques cibernéticos.
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