“Operación carrusel”, sofisticado esquema de evasión con facturas
El monto de todas esas operaciones es de 105 mil millones de pesos.
Más de 300 empresas en México facturan millonarias operaciones inexistentes, mediante un sofisticado esquema de evasión fiscal, conocido como “Operación carrusel”, reveló el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, José Genaro Ernesto Luna Vargas, informó que al 31 de diciembre de 2013 se tenían identificadas a 316 empresas “facturadoras” de operaciones simuladas y a unos 12 mil contribuyentes que utilizan este tipo de esquema.
“Hemos descubierto que el monto de todas esas operaciones es de 105 mil millones de pesos”, dijo y precisó que esta cantidad es acumulada durante cinco años, de 2008 a 2012.
Explicó que estos 12 mil contribuyentes utilizan este esquemas para disminuir la base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y para acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de esas facturas lo que, en su caso, puede ser motivo de una devolución, añadió.
Informó que el impacto fiscal de este esquema de evasión, utilizado por empresas formales en muchos casos creadas con prestanombres, es de 30 mil millones de pesos por concepto de ISR y alrededor de 16 mil millones de pesos por IVA, también de 2008 a 2012.
Estas cifras, agregó, ponen en contexto la magnitud de este problema de la compra-venta de facturas y la proliferación de las operaciones simuladas en perjuicio de erario, que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo y haciéndose cada vez más sofisticado.
Para combatir este tipo de esquemas agresivos de evasión fiscal, expuso, la autoridad lleva a cabo una fiscalización integral de las operaciones, lo que incluye la publicación de un listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes.
Recordó que como parte de la reforma hacendaria, a partir de este año se dotó al SAT de la facultad de publicar las llamadas “listas negras” de emisores de comprobantes fiscales cuando se presume que las facturas amparan operaciones inexistentes.
El funcionario del SAT explicó que el esquema llamado “Operación carrusel”, consiste en que más de dos empresas constituidas formalmente se ponen de acuerdo para diseñar este esquema de evasión, a través de la simulación de operaciones inexistentes.
Por un lado, una empresa emisora de comprobantes fiscales, factura una supuesta enajenación de mercancías, bienes o servicios y, por otro, la empresa beneficiaria del esquema, supuestamente compra el servicio o recibe los bienes.
Si bien la factura cumple con todos los requisitos legales, detrás de ella hay una operación inexistente o simulada, pues la empresa que facturó no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Precisó que detrás de toda esta red siempre hay una comisión que se paga entre estas empresas que se ponen de acuerdo para llevar a cabo este esquema de defraudación, la cual oscila entre 6.0% y 10%; además, en el diseño de este tipo de esquema están involucrados despachos de contadores o asesores fiscales, algunos de los cuales ya han sido “exhibidos” en las listas que publica el SAT en su página electrónica y en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El SAT también ha detectado que este esquema es utilizado por empresas que internan mercancía al país de manera ilegal, y con estas operaciones de compra-venta de facturas, supuestamente formalizan o comprueban la estancia legal de la mercancía y para perseguir el perjuicio fiscal y combatir este esquema, se lleva a cabo una fiscalización integral de las empresas beneficiadas y las que se prestan para realizarlo, a través de identificar las operaciones vía los comprobantes fiscales y los flujos de dinero.
Cuando el SAT demuestra que en esta cadena hay una operación simulada, resta los beneficios indebidos y liquida un crédito fiscal, pero si encuentra un delito diferente al tema fiscal, por ejemplo, de lavado de dinero, lo turna a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, con la cual tiene un convenio de intercambio de información.
Señaló que como parte de la revisión que hace el SAT de estas operaciones, también fiscaliza a los socios que están detrás de estas empresas, pues “en muchos de estos casos, hay que decirlo, son empresas creadas con prestanombres”.
Además, la utilización de comprobantes fiscales digitales, obligatorio para todos los contribuyentes a partir de este año, facilita la identificación oportuna de estas operaciones, pues permiten analizar la información al segundo o tercer día y detectar cuando los montos involucrados se salen de promedio.
Destacó que hay una “fuerza fiscalizadora nacional” conjunta entre el SAT y las entidades federativas para buscar estos esquemas agresivos, y esta información va nutriendo de información al nuevo instrumento creado por el Congreso de la Unión, como parte de la reforma hacendaria que entró en vigor este año.
Ante la publicación de estas listas, mediante la cual se notifica a los contribuyentes que presuntamente simulan operaciones y emiten facturas falsas, ya empieza a dar resultados favorables, pues muchas de ellos ya se están autocorrigiendo y han presentado declaraciones complementarias.
Señaló que durante los primeros cuatro meses del año, las empresas que han obtenido beneficios fiscales por la facturación de operaciones inexistentes ya presentaron declaraciones complementarias y disminuyeron sus deducciones en seis mil 700 millones de pesos.
Además, derivado de las auditorías fiscales que el SAT a estas empresas por la utilización de este agresivo esquema de evasión, entre otras acciones, se han logrado correcciones (pagos) por 17 mil 500 millones de pesos, afirmó Luna Vargas.
No obstante, acotó, la publicación de estas listas también motivó que 58 causantes interpusieran quejas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en contra de lo dispuesto en el Artículo 69-B del CFF, argumentando que violaba sus derechos fundamentales de audiencia, debido proceso y a la protección de datos personales.
Luna Vargas comentó que también se interpusieron 222 juicios de amparo en contra de esta nueva atribución del SAT para publicar los datos de empresas que se presume realizan operaciones simuladas, de los cuales hasta ahora 134 resultaron a favor de la autoridad fiscalizadora.
