Descartan expropiar tierras de facto para extraer hidrocarburos: SHCP
Dueños de la tierra y contratista podrían fijar una renta o una asociación.
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descartaron que el gobierno federal expropie de facto tierras en las que se pretenda extraer hidrocarburos.
Interrogados por diputados de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, en la reunión de análisis del paquete de iniciativas de leyes secundarias en materia energética, explicaron que se examinan opciones que beneficien a los propietarios.
El subsecretario de Ingresos de la SHCP y el procurador fiscal de la Federación explicaron que se pretende una nueva figura en la ley, similar a la que utilizan actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher Linartas, indicó que “es una figura nueva; para no tener que llegar a realizar expropiaciones, se buscan opciones distintas que sean de interés y beneficio para los propietarios de la tierra”.
Esas alternativas son, por ejemplo, que el dueño de la tierra y el contratista podrían fijar, a cambio del uso territorial, el pago de una renta o una asociación por los recursos extraídos.
En tanto, el procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, precisó que en las leyes secundarias de la reforma energética se plantea un procedimiento transparente de igualdad entre las partes, donde los actos de molestia, la plusvalía y el daño ambiental sean tomados en cuenta.
En el supuesto de que se tratara de tierras indígenas, la Constitución Política establece la obligación de formular una consulta entre la comunidad, indicó.
En el capítulo de cómo utilizar la tierra, se tuvieron contactos con el Tribunal Agrario para captar todo el problema en su conjunto y evitar problemas como sucede con el tema minero, detalló.
Laynez Potisek señaló que el tema de la expropiación está en la ley y no se puede suprimir, porque también lo dice la Constitución, pero para evitar abusos y perjudicar a los dueños de la tierra, se buscó en ese capítulo crear, primero, un procedimiento transparente con igualdad entre las partes.
En dicho procedimiento, previo a la adjudicación que hará la Secretaría de Energía, habrá una declaratoria de impacto social, por ejemplo, “si son tierras indígenas, la Constitución y los tratados nos obligan a la consulta”.
Lo anterior, precisó, es antes de cualquier proceso de licitación, y cuando éste se lleve a cabo se abre un procedimiento homogéneo, que es lo más importante, pero sobre todo que se trata de una etapa abierta entre el contratista y el propietario o poseedor de las tierras.