Un crimen usar reclamo de justicia para cometer delitos: empresarios
Emprenderán una jornada ciudadana de valores y ética.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostuvo que es un crimen utilizar el legítimo reclamo de justicia, bloqueando carreteras, destruyendo unidades de transporte público, incendiando sedes de instituciones, secuestrando trabajadores o cometiendo actos de rapiña.
“Nunca podremos construir a través de la destrucción y la violencia. Es inaceptable que las demandas de justicia terminen en nuevos hechos de violencia. No se puede exigir que prevalezca el Estado de derecho violando la ley y minando las instituciones”, puntualizó el dirigente patronal, Juan Pablo Castañón.
En su mensaje semanal, el presidente de la Coparmex sostuvo que la sociedad exige que las autoridades responsables no sean omisas de sus obligaciones, que no se mantengan pasivas ante los delitos que se cometen, ni ante amenazas de que se va a bloquear el acceso a algunos aeropuertos y el libre tránsito en las carreteras, en las calles y en las plazas.
“Rechazamos la confrontación y la violencia porque dañan a la sociedad y a las personas que cada día se levantan para ir a trabajar, a estudiar, a aportar su compromiso para construir un México más justo”, subrayó.
Informó que los representantes de los 65 centros empresariales y patronales Coparmex harán una convocatoria a la sociedad para participar en forma pacífica en la reconstrucción de la confianza en México, en la exigencia de justicia, pero también en el respeto al Estado de derecho y las instituciones.
Detalló que en todos los estados de la República, las empresarias y empresarios emprenderán una jornada ciudadana de valores y ética, para construir el México que todos queremos.
“Vamos a unir esfuerzos con otras organizaciones de la sociedad civil para combatir la ilegalidad, el crimen, la corrupción y la impunidad”, puntualizó.
Juan Pablo Castañón aseveró que desde la sociedad demandan también que los políticos, los legisladores y las autoridades de todos los órdenes de gobierno, ejecuten acciones inmediatas para avanzar en la construcción de un México de justicia y legalidad, en conjunto con la sociedad.
Puntualizó que de los gobiernos estatales esperan compromiso con objetivos claros de disminución del delito: enfrentar eficazmente los delitos del fuero común, avanzar en la integración de policías únicas estatales para coordinarse fácilmente con la Federación; poner en marcha los programas de profesionalización y controles de confianza para los elementos de seguridad pública.
En tanto que a los partidos políticos, la exigencia ciudadana es que se aseguren de que sus candidatos y dirigentes sean honestos e intachables, y que haya mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar la corrupción en todos los niveles.
