Penales se ha convertido en un negocio muy rentable: UNAM
La máxima casa de estudios presentó un diagnóstico sobre las cárceles mexicanas.
Para erradicar la corrupción, la impunidad, las violaciones a los derechos humanos y reestablecer el Estado de derecho en los reclusorios del país, se necesita aplicar la ley de manera implacable y capacitar debidamente al personal, expresó el investigador Sergio García Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Ello, al presentar un diagnóstico sobre la situación de las cárceles mexicanas, elaborado por investigadores del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el Programa Universitario de Derechos Humanos, pero que también fue remitido a las respectivas autoridades en todas la entidades federativas.
García Ramírez recordó que en el país existen más de 400 prisiones, y una población total de alrededor de 250 mil reos, y aunque reconoció que algunas cárceles laboran de manera "digna, decente y adecuada", en las restantes se ha perdido el Estado de derecho.
También afirmó que por la corrupción e impunidad, la violación de derechos humanos en la mayoría de los penales se ha convertido en un negocio muy rentable. "(Los reclusorios) son mercados de la miseria humana en donde se ha puesto bajo tarifa todo: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de un futuro mejor", expresó.
Sin embargo, el ex director de la cárcel de Lecumberri consideró posible mejorar el panorama si se capacita debidamente a todo el personal y se logra establecer una verdadera profesión penitenciaria.
"El instrumento más importante para lograr buenos resultados es el personal, desde los mandos supremos, desde la dirección de las prisiones y el personal técnico, hasta los cargos más modestos que son, sin embargo, muy importantes porque finalmente son los custodios, los celadores y los empleados menos encumbrados quienes tienen el contacto cotidiano con los reclusos", dijo.
En ese sentido recordó que los custodios prácticamente viven con los prisioneros y sufren como ellos los horrores de las cárceles. "Por eso, creo yo que debemos ser serios y procurar un régimen de selección, preparación y supervisión de personal, adecuado", agregó.
Subrayó que se requiere una personalidad adecuada tanto para ser custodio como director de una prisión y advirtió que "estos cargos son muy resbaladizos, tentadores, peligrosos y regularmente no están bien pagados ni suficientemente protegidos. También se pronunció por aplicar penas alternativas a los infractores para evitar que caigan en prisión por delitos menores.
Dichas penas podrían ser el trabajo en favor de la comunidad o en favor de la víctima, así como los campamentos, los permisos de fin de semana la figura de semilibertad. García Ramírez sostuvo que si bien algunos derechos humanos no se pueden garantizar en una cárcel, como el de libre tránsito, el Estado está obligado a garantizar el resto de los derechos como: la vida, la integridad física, alimentación, trabajo, capacitación, educación, salud y deporte.
Por su parte, el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, Luis de la Barreda Solórzano afirmó que el diagnóstico fue entregado a las autoridades correspondientes en las 32 entidades de la República y será publicado en el formato de libro.
"Nuestro propósito es que las autoridades conozcan estos trabajos y que en algún momento tengan la posibilidad de poner en práctica lo que en ellos se sugiere".