Pueblos indígenas están protegidos en Ley de Hidrocarburos: Segob
Se tendrán que realizar estudios de impacto social en las zonas.
Los derechos de los pueblos indígenas están protegidos por la Ley de Hidrocarburos, la cual establece que las Secretarías de Energía (Sener), de Gobernación (Segob) y las dependencias correspondientes deberán realizar una consulta previa, libre e informada con los habitantes de las comunidades donde se desarrollen proyectos de exploración.
Así lo manifestó el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Segob, Jaime Martínez Veloz, al participar en la ciudad de Chihuahua en una reunión de trabajo con integrantes de la Caravana por la Justicia de la Sierra Tarahumara, senadores y funcionarios federales y estatales.
Destacó que se tendrán que realizar estudios de impacto social en las zonas donde se lleven a cabo trabajos de exploración en torno a hidrocarburos, con el propósito de implementar acciones a favor de grupos vulnerables.
En un comunicado, resaltó la importancia del trabajo que realiza el Gobierno de la República en la elaboración de la propuesta de armonización del marco legal nacional con los tratados y convenios internacionales en materia indígena, un compromiso establecido en el Programa Sectorial de Gobernación.
Informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Segob elaboran una propuesta de Ley de Consulta Indígena, por instrucciones del secretario Miguel Ángel Osorio Chong.
Esta normatividad, agregó el funcionario, tendrá como objetivo atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos indígenas, y en apego a las disposiciones del presidente Enrique Peña Nieto, para garantizar el respeto de los derechos humanos.
Durante la reunión, representantes de comunidades rarámuris y tepehuanas de los municipios de Bocoyna, Carichi, Guadalupe y Calvo y Urique, expusieron sus distintas problemáticas relacionadas con la defensa de su territorio, proyectos turísticos y económicos, contaminación ambiental, derechos agrarios, de salud y desarrollo social.
