Insiste PRD en fortalecer marco jurídico para regular mineras
La Profepa debe informar sobre acciones para reducir problemas ambientales.
Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propusieron que la Comisión de Medio Ambiente contribuya a fortalecer el marco jurídico para que el Estado cumpla su función reguladora y sancionadora frente a la contaminación causada por empresas mineras.
Los legisladores se pronunciaron por revocarles concesiones, imponerles sanciones y obligarlas a reparar daños cuando generen contaminación que redunda en daños irreversibles a la salud humana, al medio ambiente y a la economía.
Los perredistas Trinidad Morales Vargas, Graciela Saldaña Fraire y José Luis Esquivel Zalpa, reconocieron que existen vacíos en el marco jurídico, pero aun así las autoridades tienen atribuciones para actuar. Ante ello demandaron a las dependencias responsables aplicar de inmediato planes de contingencia para paliar y revertir las afectaciones a la salud de miles de mexicanos, en particular de mineros y sus familias.
Por separado el senador David Monreal Ávila pidió que la Porcuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informe a la Cámara Alta las acciones que aplicará a fin de reducir los problemas ambientales provocados por empresas o actividades mineras, así como los mecanismos que garanticen la protección a los recursos naturales.
La Profepa debe tener mayor control y vigilancia en descargas de industrias y actividades mineras en aguas nacionales y si es necesario aplicar sanciones a empresas que contaminen, sostuvo el legislador del Partido del Trabajo (PT).
Solicitó a la Profepa vigilar y sancionar a empresas que derramen sustancias tóxicas o algún tipo de contaminante en ríos, pozos y lagunas del país. También debe supervisar la reparación de los daños ambientales provocados por las empresas que descarguen productos peligrosos para la salud o algún tipo de contaminante en ríos del país, subrayó.
Para resolver el problema de contaminación tóxica en ríos, consideró, es necesario establecer objetivos que se enfoquen en las fuentes de contaminación de los afluentes.
Se tiene que cumplir con lo mandatado por la Constitución, que en su artículo cuarto establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Por tanto, dijo, el Estado debe garantizar este derecho y las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos del país.
