INE aprueba reglamento de la Oficialía Electoral
INE avanza en el cumplimiento del mandato constitucional de dar certeza a elecciones.
El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el reglamento de su Oficialía Electoral, el cual tiene por objeto verificar que la organización y desarrollo de los comicios garanticen el ejercicio libre del sufragio.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello explicó que ese documento establece los plazos para la tramitación, los ámbitos de competencia en los que el instituto puede actuar y en los que las peticiones deberán ser turnadas a las autoridades electorales locales.
Además, establece los requisitos que deben cumplir las autoridades electorales o los partidos y candidatos para pedir la constatación de hechos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), así como las condiciones en las que una petición se considerará infundada.
En sesión extraordinaria llevada a cabo esta mañana, Córdova Vianello afirmó que dicho documento es la mejor forma de instrumentar esta nueva función de la Secretaría Ejecutiva a partir de lo dispuesto en la reforma electoral 2014.
De esta manera, afirmó, el INE sigue avanzando en el cumplimiento del mandato constitucional de darle certeza y estandarización a la disputa por el poder político en todo el país.
Córdova agradeció las sugerencias y comentarios hechos por las oficinas de los consejeros electorales como las planteadas por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y del Colegio de Notarios del Distrito Federal, así como de los partidos para la elaboración del reglamento.
A su vez, el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, recalcó que el reglamento norma una facultad que no tiene precedente en la historia normativa electoral, la cual tiene la intención de proveer de mayores mecanismos para fortalecer las condiciones de equidad de las contiendas.
Confió que los partidos políticos usen este mecanismo a su servicio de manera racional y responsable.
El Reglamento de la Oficialía Electoral del INE también tiene por objeto evitar que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral.
