Caso Iguala generará costos electorales al PRD: Sánchez Camacho
La delincuencia antes no alcanzaba al partido.
La imagen generada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) luego de los hechos de Iguala, le generará al partido altos costos electorales en los próximos comicios de 2015, consideró el perredista Alejandro Sánchez Camacho.
En conferencia de prensa, acompañado por la también diputada perredista Socorro Ceseñas Chapa, el diputado reconoció que en la percepción de la gente, todo este tema implica una gran decepción, porque la infiltración de la delincuencia, “solía estar en los partidos de enfrente”.
Además, los plazos electorales ya están en marcha y no hay tiempo para el “control de daños”. Entre el 14 y el 18 de diciembre se definen las precandidaturas y el 14 de febrero el Consejo Nacional elegirá a quienes sean candidatos al Congreso.
Ante ello, será complicado recomponer la imagen del partido, aunque se han tomado acciones importantes, como la Comisión de Información que definió ayer el Consejo, cuya misión es definir cómo se aceptó la candidatura de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, para aplicar las sanciones pertinentes.
Al respecto, la diputada Ceseñas Chapa advirtió que, además, hace falta la separación de Carlos Navarrete Ruiz de la presidencia de esta fuerza política, porque “su aferramiento a la presidencia le hace daño al partido”.
Por otra parte, ambos legisladores anunciaron también la oposición de su partido a las pretendidas reformas a los artículos 11 y 73 constitucionales, que facultarían al Congreso a regular la “movilidad humana”.
Sin embargo, desde el punto de vista de Ceseñas Chapa, esta propuesta presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), significa en pocas palabras dar facultades para restringir el derecho humano a la manifestación, que ya está perfectamente establecido en la Constitución y que no requiere reglamentación.
Anticipó que la propuesta podría ser presentada el martes próximo en la Cámara de Diputados, pero el PRD buscará que se elimine de la agenda, por considerarla atentatoria contra los derechos humanos.
En lo que se refiere a las propuestas de reforma constitucional que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el jueves, ambos legisladores opinaron que no resuelven de fondo el problema de la seguridad.