Diputados analizan Ley General para Control de Cannabis
Fijaría sanción a quienes comercialicen y operen el producto sin licencia.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa para crear la Ley General para el Control de la Cannabis, dieron a conocer los legisladores Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Informaron que la propuesta establecería la facultad de la Secretaría de Salud de emitir, renovar y, en su caso, revocar licencias correspondientes para la producción, autoproducción, fabricación, distribución y venta de los productos derivados de la cannabis.
Indicaron que los establecimientos destinados al procesamiento de esa planta contarían con un responsable sanitario encargado de la identidad, pureza y seguridad de los productos, que sería un profesional con título registrado: químico farmacéutico biólogo, farmacéutico industrial o químico industrial.
En coordinación con lo dispuesto en el Código Penal Federal, expusieron, la ley fijaría sanción a quienes comercialicen y operen el producto sin licencia, a quienes lo vendan a menores de edad y empleen a los mismos para su producción y castigaría a quienes negocien productos cerca de un centro educativo y a quienes lo hagan por cualquier medio de comunicación.
En el documento se proponen sanciones administrativas de clausura de establecimientos o pérdida de licencias en el caso de no cumplir lo que se establece en la ley.
Las actividades de producción y comercialización, destacaron, estarían bajo control de verificadores nombrados y capacitados por la misma secretaría, quienes realizarían visitas a efecto de comprobar se cumpla con lo dispuesto en la ley.
Para enriquecer la iniciativa, los legisladores perredistas propusieron en la Ley General de Salud que el Ministerio Público no penalice la portación de las variedades de cannabis cuando sea para consumo personal, ni su manejo cuando se cuente con una licencia sanitaria expedida por las autoridades.
En esta misma norma, aclararon, se incluiría el Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia, como materia de salubridad general, así se instrumentarían campañas de información sobre los efectos del consumo de los estupefacientes y se abrirían centros para el tratamiento de farmacodependencias en todo el país.
Tal programa, insistieron, se financiaría con recursos de un fondo especial establecido en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, abundaron, se respaldaría con los ingresos anuales del pago de derechos de las licencias y verificaciones del manejo y venta de la cannabis, y del pago de impuestos de estos bienes establecidos en la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.
Por otra parte opinaron que la prohibición de las drogas no ha podido acabar con los problemas que derivan de su consumo, además de que esta política de Estado ha contribuido en el incremento exponencial de su comercialización ilícita.
Consideraron evidente y urgente un cambio de paradigma para enfrentar el problema del tráfico ilegal de estas sustancias, haciendo énfasis en la educación y la necesidad de promover el ejercicio responsable de la libertad, en lugar de la política punitiva y meramente represiva que, “como es notorio, ha fracasado”.
Aclararon que la idea de proponer una regulación rigurosa para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de la cannabis y sus derivados parte de los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la última que se ha publicado, donde se evidencia que la mariguana es la droga más usada.
Esa planta, acotaron, la ha consumido 4.2% de las personas de entre 12 y 65 años; la población consumidora en México representa el 1.2% sobre la población general, duplicando a los que utilizan cocaína y otras drogas.
Los legisladores perredistas subrayaron que la mejor política ante las drogas es la que busca reducir el consumo mediante la persuasión racional, basada en la información científica.
