Destacan beneficio del Código Nacional de Procedimientos Penales
Se prioriza la presunción de inocencia.
La diputada Adriana Fuentes Téllez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó los beneficios del recientemente aprobado Código Nacional del Procedimientos Penales, con lo cual se prioriza la presunción de inocencia.
Además, la libertad en delitos no graves; el acuerdo entre las partes; el debido proceso; la publicidad absoluta en los juicios orales y serán los jueces y no los secretarios de los juzgados los responsables de las actuaciones.
La secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos refirió también que con esta legislación que unifica los criterios para los procesos penales en todo el país, los Ministerios Públicos, policías y peritos serán la “cadena de custodia”.
“Su objetivo es otorgar verdadera justicia mediante su modernización, el combate a la opacidad, el castigo a la corrupción y la garantía de los derechos humanos de las personas”, explicó.
Afirmó que todo el andamiaje institucional del sistema judicial tendrá que cambiar para bien, luego de que el presidente de la República promulgue el Código Nacional.
Señaló que debido a lo anterior los gobernadores deberán poner no sólo los recursos económicos para lograr los objetivos que plantea este instrumento jurídico y de justicia, sino su decisión política ya que el plazo para su ejecución vencerá en 2016.
La también vicecoordinadora para el sector empresarial de la bancada del PRI afirmó que la aplicación de la oralidad en los procesos, permitirá conocer de manera pública las manifestaciones y alegatos de afectados y presuntos culpables.
Lo anterior, dijo, elimina la discrecionalidad en los procesos, o las “filtraciones” que se dan en casos relevantes y que afectan el debido proceso.
El nuevo código nacional, afirmó, sienta las bases para el sistema penal acusatorio en el país, el cual es más garantía, ya que privilegia el concepto del debido proceso, la presunción de inocencia y los tratados internacionales en derechos humanos.
Además, crea mecanismos alternos de solución de controversias, lo que significará el reconocimiento del Estado a la voluntad de las partes, el empoderamiento de los ciudadanos y la solución de problemas en el menor tiempo posible y sin gastos.