Iniciará CJF nueva investigación por presunta corrupción en casinos
Está enterado "de hechos que pudieran constituir actos contrarios a la imparcialidad.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) iniciará una investigación para aclarar si en el otorgamiento de permisos y amparos para la operación de casinos hay funcionarios involucrados en actos de corrupción.
El órgano de justicia federal informó en un comunicado, que está enterado "de hechos que pudieran constituir actos contrarios a la imparcialidad, transparencia y a la conducta ética que debe observar todo impartidor de justicia".
Agregó que luego de que un medio de comunicación diera a conocer presuntas conductas ilícitas de funcionarios judiciales, se iniciará una nueva investigación para recabar todos los elementos que permitan aclarar conductas contrarias a la administración de justicia.
El CJF subrayó que continuará investigando con firmeza los casos que involucran a funcionarios judiciales federales en actos irregulares relacionados con la actividad de casinos.
En adición a las facultades que tiene el órgano de administración, vigilancia y disciplina para investigar estos hechos, exhortó a las autoridades locales y federales, a los ciudadanos que hayan sido afectados y que cuenten con más elementos acusatorios de ese caso, a presentar denuncias y/o quejas ante la institución.
Enfatizó que la información que se obtenga de las denuncias contribuiría a dar curso a los procedimientos internos del CJF para sancionar y erradicar actos contrarios a la sociedad.
El consejo subrayó que "sus integrantes expresan de manera contundente su rechazo y voluntad para combatir, como lo ha venido haciendo en este tipo de casos, actos contrarios al derecho de los ciudadanos”.
Recordó que en su afán por cumplir de manera eficaz con sus atribuciones constitucionales, tiene convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
También cuenta con instancias como la Contraloría y las áreas de Vigilancia, Información y Evaluación, para indagar sobre la situación bancaria y patrimonial de los servidores públicos, a fin de obtener datos pormenorizados acerca de presuntos beneficios ilícitos que pudieran haber obtenido.
