Afirma testigo que hubo encubrimiento en caso Tlatlaya
Denunció tortura física para declarar.
Después que una testigo se negara a firmar una declaración falsa, en la que 22 presuntos narcotraficantes habían muerto en un enfrentamiento con el Ejército mexicano, la mujer declaró que funcionarios estatales comenzaron a patearle las costillas, le pusieron una bolsa sobre la cabeza, la metieron en un excusado y la golpearon tan fuerte que seis meses posteriores aún tiene problemas para ver y oír.
"Conforme me iban pegando... decían que ellos hacían que hasta los mudos hablaran", declaró a The Associated Press (AP), una de las tres sobrevivientes de las ejecuciones extrajudiciales adelantadas por militares mexicanos el 30 de junio, en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México.
En su primera entrevista, desde que estuvo cinco meses en prisión acusada falsamente de posesión ilegal de armas, la testigo dijo que el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales no se limita a los siete soldados que están ahora bajo proceso sino que incluye a más militares, funcionarios estatales y federales que la presionaron para que avalara una versión según la cual las muertes fueron resultado de un enfrentamiento y no de lo que fue una ejecución extrajudicial.
De acuerdo con documentos judiciales del caso, obtenidos por AP, apoyan la afirmación de la testigo de que las autoridades de investigación estatal supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen, pese a declaraciones oficiales y públicas en sentido contrario adelantadas durante varias semanas. Y, según la documentación, el coronel a cargo del batallón de los soldados llegó al lugar antes que los investigadores de la Procuraduría estatal.
La testigo, una trabajadora sexual de 20 años que habló bajo condición de anonimato, dijo que dos días después de que fuera golpeada en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México, fue llevada a la capital del país, donde investigadores federales del área contra la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) la presionaron para que firmara la declaración falsa.
"No, le digo, yo no voy a firmar nada... y me empieza a gritar", dijo la mujer sobre uno de los investigadores que la presionó. Sin un abogado presente, señaló que cedió y firmó a los pocos días de que tuvieran lugar las muertes, antes de que los medios cuestionaran la versión oficial de que las muertes fueron producto de un enfrentamiento.
Ella y otra testigo permanecieron encerradas en una prisión de máxima seguridad hasta mediados de diciembre.
Las muertes en Tlatlaya salieron a la luz el 30 de junio cuando el Ejército informó en un breve comunicado que soldados que patrullaban la zona fueron atacados por supuestos criminales y tras repeler la agresión mataron a 22 presuntos miembros de un grupo de narcotraficantes. Del lado de los militares, sin embargo, sólo hubo un herido, lo cual generó las primeras dudas.
En septiembre, la AP entrevistó a una sobreviviente, cuya hija de 15 años estaba entre los 22 muertos y que fue la primera testigo en declarar públicamente que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas después de haber salido de la bodega con las manos en la nuca en señal de rendición ante los militares. Al igual que la testigo liberada de prisión en diciembre, la mamá de la adolescente también pidió no ser identificada por su nombre.
De acuerdo a los documentos judiciales, integrados a la investigación contra los siete militares procesados, funcionarios del Estado de México tuvieron información desde el inicio de que la escena de los hechos fue alterada. Supieron, por ejemplo, que en al menos en 10 casos las armas largas ubicadas junto a los cuerpos no correspondían con el calibre de los cartuchos que llevaban los fallecidos y que manchas de sangre en la ropa indicaban que los cuerpos habían sido movidos.
También se puso por escrito que, al menos nueve de los muertos, presentaban heridas recibidas "al momento de realizar maniobras instintivas de defensa", lo que sugiere que habrían intentado evitar los impactos de bala, algo que no habrían hecho si estuviesen disparando.
Sin embargo, investigadores estatales presentaron un reporte en el que validaban la versión del Ejército y que nada se había alterado "por las observaciones realizadas en el lugar de la investigación, se determina que este sí fue preservado en su estadio original".
Los documentos judiciales contienen declaraciones de los soldados involucrados que aseguran que el Ejército nunca los interrogó sobre el encubrimiento y que la (PGR hizo poco para investigar la matanza antes de que la AP y la revista Esquire Latinoamérica entrevistaran a la mamá de una de las víctimas.
A finales de septiembre se anunció que ocho, de los 22 muertos, fueron asesinados después de rendirse, aunque semanas después la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló en un reporte propio que al menos 12 y hasta 15 de ellos habrían sido ejecutados extrajudicialmente.
El ejército y la Procuraduría General de la República sostienen que el caso sólo involucra a los siete militares procesados y que allí termina el caso.
Los documentos señalan que el coronel Raúl Castro Aparicio, el comandante del 102 Batallón de Infantería al que pertenecían los responsables de los asesinatos, llegó a la escena antes que los investigadores del Estado de México. En los reportes no se especifica cuál habría sido el rol que jugó este mando castrense y no se ha informado si fue o es investigado en conexión con el encubrimiento.
Los soldados dijeron inicialmente a las autoridades que los sospechosos se negaron a rendirse, según los documentos; pero las dos testigos entrevistadas por AP dijeron que los presuntos criminales sí se rindieron e incluso salieron de la bodega con las manos en la cabeza.