Presenta PRD proyecto de ley de Telecom con cinco cambios
Le devuelve al Instituto Federal de Telecomunicaciones autoridad plena en la materia.
La bancada del PRD en el Senado presentó ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, su propuesta de proyecto de dictamen de leyes secundarias de telecomunicaciones.
El senador perredista Zoé Robledo Aburto destacó que esa iniciativa incluye todo un “andamiaje respecto a la protección de los usuarios, no al bloqueo, no a la regulación de contenidos, estamos regulando toda la parte que venía muy menguada en materia de competencia”.
Precisó que la iniciativa de su partido plantea cinco cambios de fondo respecto a la del Ejecutivo federal, entre ellos le devuelve al Instituto Federal de Telecomunicaciones la autoridad plena en materia de competencia económica y sobre las definiciones.
Prevé también que ese instituto tenga facultades de regular, vigilar y supervisar lo relativo a contenidos, publicidad, derechos de usuarios, suscriptores y audiencias, así como la reserva de canales de televisión y audio restringidos.
Robledo Aburto indicó que también en la iniciativa del PRD se establece la obligatoriedad de una cadena de radio y televisión pública con alcance nacional y no sólo la coordinación de los medios públicos.
Asimismo, se incluye la neutralidad de la red, ya que se establece que los usuarios de los servicios de acceso a internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio y los concesionarios no podrán interferir o discriminar contenidos o aplicaciones.
Respecto al tema de geolocalización en tiempo real, los senadores del PRD proponen que sólo se realice mediante orden de un juez federal a solicitud del titular de la Procuraduría General de la República.
Es decir, mientras que en el apartado de colaboración de la justicia se establece que los concesionarios están obligados a proporcionar la geolocalización de un dispositivo móvil, proponen que esto sea sólo cuando lo ordene una autoridad judicial federal competente y a solicitud del procurador general de la República.
