Barbosa avala separación de senadora del PRI en caso Oceanografía
Arely Gómez González tiene una relación familiar en cuarto grado con Martín Díaz Álvarez.
El coordinador de los senadores perredistas, Luis Miguel Barbosa, resaltó la decisión de la senadora priista Arely Gómez de apartarse de la presidencia de la Comisión Especial del caso Oceanografía para evitar conflicto de intereses.
El legislador por Puebla del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que con acciones como esta se "fortalece la institucionalidad y prestigio de la Cámara de Senadores", de acuerdo a un comunicado. Agregó que en un acto de responsabilidad y congruencia, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió renunciar a la presidencia e integración de dicha instancia legislativa.
En este contexto, Barbosa Huerta recordó que en la información sobre el tema figura el nombre de Martín Díaz Álvarez, con quien la legisladora Arely Gómez González tiene una relación familiar en cuarto grado por afinidad.
Asimismo llamó a los senadores a seguir el ejemplo de Gómez González, siempre y cuando represente para ellos algún conflicto de interés en los temas que analiza el Senado de la República, porque "esto nos fortalecería notablemente como parte de uno de los poderes del Estado mexicano", dijo.
El también presidente del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, sostuvo que no se puede cerrar los ojos a la realidad, el conflicto de intereses es una posibilidad a la cual se enfrentan los representantes populares.
Apuntó que las leyes son claras en esta materia y un conflicto de intereses surge cuando un servidor público interviene o conoce de algún asunto en el que directa o indirectamente tiene intereses personales, familiares o de negocios, y puede llegar a tomar decisiones equivocadas que dañan la institución en la que presta sus servicios.
Barbosa Huerta explicó que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el Artículo 47, fracciones XV y XVIII, prevé el conflicto de intereses y ordena al servidor público abstenerse o excusarse de conocer de algún asunto en el que tenga ese interés.
Por ello, reitero que al surgir un conflicto de intereses, el servidor público debe excusarse para conocer del asunto en el que tenga cierto interés personal, familiar o de negocios, o una autoridad de superior jerarquía puede inhibir su participación en el asunto.
