México pide debate para abolir pena de muerte en América
Pidió a los países que mantienen esta pena a proteger los derechos de los condenados.
México y otros nueve países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) profundizar el debate dirigido a abolir la pena de muerte en el continente.
Lanzaron un exhorto a otros Estados miembros del organismo para fortalecer este esfuerzo al reconocer que aún existe un número de países donde la pena capital se mantiene vigente y han mostrado resistencia aún al establecimiento de moratorias.
El embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa, cuyo país solicitó la audiencia junto con otros nueve Estados miembros de la OEA, explicó que la petición respondió al hecho que este es “un tema que reviste la mayor importancia”.
Recordó que México ha presentado de manera recurrente el tema ante la CIDH y ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
El asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Max Alberto Diener Sala, detalló los avances en años recientes en este frente que han llevado a la abolición de la pena o su moratoria, como ha sucedido en algunas entidades de Estados Unidos.
“Debe reconocerse, no obstante, que en el caso del continente americano aún debe trabajarse para que un mayor número de Estados abroguen la pena de muerte, establezcan moratorias o en el caso de algunas jurisdicciones cesen las ejecuciones”, expresó.
En su presentación a nombre de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Francia como Estado observador, Diener Sala destacó la necesidad de un mayor impulso hemisférico de las resoluciones aprobadas por la ONU al respecto.
Destacó el llamado a los países que no lo han hecho para que ratifiquen o se adhieran al protocolo de la convención americana sobre derechos humanos relativos a la abolición de la pena de muerte.
Aludió al exhorto a los países que aún mantienen la pena a respetar las normas y salvaguardias internacionales para proteger los derechos de los condenados a muerte, limitar su uso y no imponerla a menores de 18 años, mayores de 70, mujeres embarazadas o personas con discapacidad mental.
Argentina refirió el caso del connacional Víctor Saldaño, quien ha pasado 18 de sus 41 años en el corredor de la muerte de Texas y cuyo estado de salud mental se ha deteriorado gravemente a causa de las restrictivas condiciones de su encarcelamiento.
