FARC deben enfrentar castigo para lograr paz en Colombia: Santos
Líderes del grupo rebelde se niegan a cerrar las heridas cumpliendo condenas penales.
La guerrilla de las FARC tiene que someterse a la justicia y pagar por sus delitos para que se pueda sellar un acuerdo de paz en Colombia, aseguró el presidente Juan Manuel Santos.
El mandatario dijo que la negativa de los líderes del grupo rebelde a cerrar las heridas cumpliendo condenas penales es el mayor obstáculo en las negociaciones más serias en la historia para acabar con el conflicto armado de más de medio siglo.
"Un proceso con total impunidad es imposible, tienen que someterse a la justicia transicional. La justicia los tiene que condenar, ahora qué tipo de condenas y cómo se pagan esas condenas, todo eso es parte de la negociación", advirtió Santos el martes al anochecer.
"Ahí está el meollo del problema, si la guerrilla acepta como tiene que aceptar la justicia transicional, yo creo que ahí se destraba todo este proceso y llegaremos a un final feliz", argumentó en sus comentarios hechos en un histórico salón de la presidencia.
Los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la mesa de diálogo que instauraron hace más de dos años en Cuba han dejado claro que no están dispuestos a pagar un sólo día de cárcel después de firmar la paz.
Esa posición aumentó la preocupación de los opositores de la negociación y de grupos de derechos humanos que temen que queden impunes los crímenes de los rebeldes, que incluyen asesinatos, masacres, secuestros, ataques y violencia sexual.
Santos está consciente de la disyuntiva.
"La guerrilla ha dicho que no quiere ir a ninguna cárcel, que no quiere someterse a la justicia transicional. Nosotros le hemos dicho que las amnistías de antaño ya no son posibles, que estamos viviendo en un mundo nuevo", precisó.
Las negociaciones de paz en La Habana han logrado más avances que todos los esfuerzos anteriores para silenciar las armas en el conflicto más viejo del continente que ha dejado al menos 220 mil muertos y millones de desplazados.
Aunque el sistema judicial colombiano permite penas alternativas como arresto domiciliario y monitoreo electrónico en los casos penales ordinarios, muchos en el país se oponen a que los jefes de la guerrilla terminen sin ser confinados en una cárcel para pagar sus crímenes.
En el 2005 una ley permitió la desmovilización de más de 30 mil combatientes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha y sus líderes aceptaron pagar hasta 8 años de cárcel e indemnizar a sus víctimas con sus fortunas.
