Giran 17 órdenes de aprehensión por caso Pueblo Nuevo, Chiapas
Entre ellas para Samuel Díaz Pérez, hermano del ex alcalde.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas dio a conocer que luego de la detención del ex presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, y dos de sus escoltas, obtuvo del Juez Tercero del Ramo Penal de “El Amate” órdenes de aprehensión en contra de 17 personas.
Entre las órdenes de aprehensión se encuentran las de Samuel Díaz Pérez, hermano del ex alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán; Mateo Díaz Díaz, director de la Policía Municipal; Humberto Ruiz Sánchez, comandante de la Policía Municipal; Hermelindo Pérez Gómez, policía municipal; Eduardo López Hernández, policía municipal y Alonso y/o Alfonso Díaz Díaz, policía municipal.
Así mismo para Carlos Ruiz Ruiz, policía municipal; Carlos Alonso Núñez Gómez, encargado de Logística del Ayuntamiento; Saulo Ruiz López, empleado de la Oficialía Mayor; Eliseo López, eventos especiales del Ayuntamiento; Agustín Díaz López; Manuel López Pérez; Guillermo Pérez Ruiz; Romeo Díaz López; Pascual Díaz Díaz; Ignacio Pérez Ruiz y Horacio Pérez Gómez.
Cabe destacar que, de acuerdo las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, los presuntos responsables encabezados por el ex presidente municipal fueron plenamente identificados por las víctimas y diversos testigos de los hechos.
Las investigaciones señalan que el pasado 23 de diciembre Enoc Díaz Pérez, entonces alcalde de Pueblo Nuevo, arribó al restaurante denominado “Siempre verde”, ubicado en el municipio de Jitotol, en el lugar, su propietario Edgar Belisario Fonseca García, acompañado de Héctor Constantino Rendís Trujillo y Alejandro García Gil, fue detenido de forma ilegal por un grupo de alrededor de 30 sujetos que portaban armas de fuego, vestían de civil y viajaban a bordo de camionetas particulares.
En un primer momento, fueron llevados a la cárcel municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y, después, al Auditorio Municipal donde permanecieron privados de su libertad, siendo torturados y obligados a firmar un documento en el que se comprometían a no seguir divulgando dicha nota.
Ante estos hechos, la Procuraduría atendió la denuncia presentada por los agraviados y dio inicio al desahogo de las diligencias correspondientes.