Entra en vigor en Campeche nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
Las partes defenderán sus intereses explicando al juez su versión de los hechos.
“En Campeche se ratifica la convicción y la congruencia con la determinación de fortalecer el Estado de Derecho”, afirmó el gobernador Fernando Ortega Bernés al encabezar junto con la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, María de los Ángeles Fromow Rangel, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Alfaro Waring, la ceremonia de entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado.
Ante la cónsul general de los Estados Unidos en la Península de Yucatán, Sonya Tsiros, y el director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y la Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en México, Ortega Bernés aseguró que con el nuevo sistema de justicia en Campeche nace también la oportunidad para que la justicia y la esperanza renazcan entre la sociedad.
“El nuevo sistema que consuma la transición del inquisitivo al acusatorio adversarial, significará tener una justicia al alcance y la suficiente fortaleza en la defensa de los derechos de las personas”, significó al mencionar que Campeche es el primer estado del país que se ha beneficiado con la Iniciativa Mérida, en cuanto a respaldar el equipamiento de las salas de juicios orales.
En presencia también de su esposa, Adriana Hernández de Ortega, el titular del Ejecutivo estatal comentó que a las cero horas con un minuto, en Campeche iniciará la implementación del nuevo sistema de justicia, en una primera fase en los municipios de Campeche, Champotón y Escárcega, por lo cual reiteró su compromiso de seguir trabajando con determinación para lograr que la entidad cumpla en tiempo y forma con lo que la Constitución y las leyes establecen en materia de su funcionamiento integral.
Al hacer uso de la palabra, la secretaria técnica del Setec, dijo que con el nuevo sistema, en Campeche los procesos penales ahora se desarrollaran con total respeto a los derechos humanos de la víctima e imputado; los ministerios públicos deberán realizar una investigación científica para poder acusar, y las partes defenderán sus intereses explicando al juez su versión de los hechos en presencia de su abogado y previa asesoría, entre otros beneficios.
