Crean Comisión de Atención a Víctimas del Delito en Tlaxcala
Su principal propósito es ofrecer a las víctimas y ofendidos un trato comprensivo.
En Tlaxcala, instituciones estatales crearon la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito y tomaron protesta a los miembros que la integran.
Su principal propósito es ofrecer a las víctimas y ofendidos un trato comprensivo, con respeto a su dignidad, sin discriminación, a fin de que el Estado garantice el debido acceso a todos los derechos que leyes estatales y nacionales les conceden.
Al respecto, el Secretario de Gobierno, Ernesto Ordoñez Carrera, afirmó que con este esfuerzo interinstitucional, Tlaxcala se coloca como la primera entidad federativa de México en crear un órgano de esta naturaleza.
A su vez, como integrante de esta Comisión, la presidente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana González Foullon, consideró que este órgano garantizará la atención integral a este sector, mediante un trato digno.
Entre las tareas que tendrá este grupo de trabajo se encuentran: establecer el registro estatal de víctimas como mecanismo de carácter técnico y administrativo, encargado de recibir y concentrar la información, a fin de analizar la procedencia de las solicitudes de otorgamiento de beneficios.
Asimismo, se creará el fondo de ayuda, asistencia y reparación del daño a las víctimas y ofendidos, que tendrá por objeto brindar los recursos económicos necesarios para hacer efectivas las medidas de ayuda.
Por su parte, la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alicia Fragoso Sánchez, indicó que la Comisión brindará atención oportuna e integral a los sujetos pasivos de los ilícitos, en coordinación con instituciones especializadas, para coadyuvar con las autoridades, a fin de diseñar y ejecutar políticas, programas y esquemas para quienes lo necesiten.
Esta comisión será presidida por el gobernador de la entidad, Mariano González, y estará conformada por la PGJE y las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF) y Educación Pública (Sepe), así como por el DIF, la Contraloría del Ejecutivo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
