Cumplimenta PGR orden de arresto contra alcaldes de Michoacán
Los presuntos delitos por los que se acusa son delincuencia organizada y contra la salud.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión que giró un juez de Distrito radicado en Michoacán contra los presidentes municipales de Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes; Huetamo, Dalia Santana Pineda, y Lázaro Cárdenas, Arquimides Oseguera Solorio.
En conferencia de prensa, Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que los presuntos delitos por los que se acusa a los alcaldes son delincuencia organizada y contra la salud.
La PGR señaló que, en coordinación con otras dependencias federales, se han investigado las actividades de los grupos delictivos que operan en Michoacán, las averiguaciones previas y los videos en los que aparecen los ediles mencionados.
El funcionario federal destacó que en los videos se confirman al menos dos reuniones con Servando Gómez Martínez, alias “la Tuta”, líder del grupo delictivo que opera en Michoacán.
El juez de la causa otorgó la orden de aprehensión correspondiente y el personal del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ejerció acción penal contra ellos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Las órdenes de aprehensión giradas contra Arquimides Oseguera Solorio y Dalia Santana Pineda se cumplimentaron en los penales locales del estado de Michoacán, donde están recluidos y sujetos a proceso por diversos actos ilícitos.
En tanto, la orden de aprehensión contra Salma Karrum se cumplimentó en el centro Federal de Arraigo en la Ciudad de México, donde se encontraba cumpliendo dicha medida cautelar otorgada por un juez el 16 de agosto pasado y cumplimentada por personal de la AIC.
De esta forma, el funcionario federal destacó que en las próximas horas los tres alcaldes serán puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente para que inicie el proceso penal.