CNDH investiga caso del albergue de Michoacán
Donde se cometieron “presuntamente” abusos en contra de 596 personas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga el caso del Albergue “La Gran Familia”, de Zamora, Michoacán, donde presuntamente se cometieron múltiples abusos y maltratos en contra de 596 personas que se encontraban retenidas, entre ellas, menores de edad.
Este organismo explicó que indaga si las presuntas irregularidades registradas en esta casa-hogar constituyen violaciones a los derechos humanos.
Tras la liberación que autoridades federales hicieron de las 596 personas –278 niños, 174 niñas, seis bebés recién nacidos y 138 mayores de edad– que estaban privadas de su libertad en la casa-hogar, este organismo informó que dará seguimiento a la atención que reciban los implicados, así como y su destino final.
De acuerdo con testimonios de testigos y víctimas menores de edad que se encontraban en el albergue, existencia de abusos, maltratos físicos, alimentos en mal estado y un cuarto de castigos donde los internos eran obligados a permanecer por horas sin alimentos.
Asimismo, algunas de las víctimas que recientemente fueron rescatadas del albergue declararon que además de las condiciones de hacinamiento e insalubridad, durante años sufrieron abuso psicológico y sexual.
Los padres de las personas internadas en el albergue señalaron que se quejaron de las condiciones en que vivían sus hijos y, pese a la solicitud de que los devolvieran, los directivos del albergue no los querían regresar.
La CNDH informó que visitadores y personal a su cargo experto en psicología se trasladaron a Michoacán para conocer los testimonios y dar seguimiento a las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales, así como para brindar apoyo psicológico a las familias y víctimas que lo requieran.
La CNDH otorgará orientación jurídica a los familiares y víctimas, y estarán atentos del seguimiento y tratamiento que se otorgue a las niñas y niños rescatados, por lo que este organismo llamó a las autoridades involucradas a garantizar la integridad física y psíquica de las y los agraviados y sus familiares.
