Aumentan denuncias por envenenamiento de perros en Hermosillo

AP México, DF 02-04-2015 13:05

Más de 60 canes han muerto envenenados desde mediados del mes pasado.

La ciudad de Hermosillo, Sonora, continúa sufriendo una extraña ola de envenenamiento de perros; desde que las autoridades detectaron el problema en marzo, los casos no dejan aumentar.

Al menos 64 canes han muerto envenenados desde mediados del mes pasado, indicó José Luis Icedo, director del Centro de Salud Animal en Hermosillo.

La organización de defensa de los animales Trabajando, en cambio, ha contabilizado 71 en el mismo período.

El primer grupo de perros muertos del que se tuvo conocimiento, unos 10, llegó acompañado de dos animales que los veterinarios lograron salvar y con ellos la sustancia utilizada, la primera pista para descubrir a los responsables.

Un hombre que llamó a una radio local de Hermosillo dijo ser, junto con varios cómplices, el mataperros; pero habló de perros vagabundos, perros que muerden o que propagan enfermedades y suciedad, quejas que no tienen que ver con los ataques a las mascotas dentro de las viviendas de sus dueños.

"El veneno está resguardado y será analizado. Presumiblemente es un órgano fosforado, puede ser un plaguicida o pesticida", dijo Icedo.

Agregó que "es muy fácil que un ciudadano vaya a una ferretería y pueda comprar un veneno para ratas".

Según Icedo, cuando se hizo pública la noticia de los primeros 10 perros envenenados, comenzaron a multiplicarse las denuncias; el funcionario cree que la cifra de perros muertos podría ser mayor ya que hasta ahora sólo se han registrado los decesos de canes que tienen dueño.

"Queremos verificar la cifra porque en el caso de los vagabundos nadie los denuncia", explicó.

El funcionario señaló que el caso es serio: los responsables de esta cruel campaña arrojan el veneno al interior de patios y jardines;  "cruzó la barrera al interior del domicilio", detalló Icedo.

El riesgo que implica para la salud humana y la violación de la propiedad privada permitió que las autoridades de salud animal acudan al Ministerio Público y presenten una denuncia criminal; la sanción administrativa por matar a un perro asciende a 50 salarios mínimos, unos 226 dólares; pero la aplicación de la justicia penal podría implicar condenas de hasta cuatro años de cárcel.