El presidente municipal de Tijuana, Baja California, deberá hacer las gestiones necesarias para que el personal a su cargo, y él mismo, se abstenga de emitir declaraciones públicas que tengan como finalidad transmitir, en forma implícita o explícita, mensajes negativos sobre las personas migrantes.
Lo anterior se debe a un amparo concedido por el Juzgado I de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales con sede en la ciudad fronteriza, el cual contempla:
- El edil deberá realizar las acciones correspondientes para que la autoridad competente proporcione a la población en general, las personas migrantes y los servidores públicos municipales información completa y correcta sobre los derechos de aquéllas.
- Deberá dar las instrucciones para que las detenciones que realicen a personas inmigrantes cumplan los requisitos legales. Los elementos policíacos, así como los jueces municipales, se abstendrán de realizar actos que excedan sus facultades en relación con la remisión de personas migrantes al personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
- El secretario de Seguridad Pública Municipal tendrá que realizar las gestiones para que el personal a su cargo cuente con información completa y veraz sobre los derechos de las personas migrantes y los protocolos de actuación tratándose de grupos vulnerables. El personal a su cargo tendrá que abstenerse de actos que excedan sus facultades.
Estricto apego al respeto de los migrantes
La resolución no tiene el efecto de impedir que las autoridades municipales realicen sus actividades de prevención e investigación de delitos, así como de sanción por infracciones administrativas; sin embargo, tales actividades deberán realizarse en estricto apego a la legalidad y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.
Tampoco se pretende que los migrantes incumplan con las disposiciones administrativas y legales vigentes en Tijuana y en Baja California, pues su condición migratoria no los exime de su cumplimiento.
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