El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló este miércoles una multa por mil 60 millones de euros (unos mil 200 millones de dólares) que la Comisión Europea había aplicado al fabricante de microprocesadores estadounidense Intel por abuso de posición dominante.
En un caso que se arrastra desde 2009, el TGUE consideró en un comunicado que “el análisis realizado por la Comisión es incompleto” y no permite establecer que las prácticas de la empresa “puedan tener efecto anticompetitivo”.
Las dos partes reaccionaron este miércoles con cautela a la decisión. Intel anunció que proporcionaría comentarios “cuando complete la revisión inicial” del fallo judicial.
En tanto, el equipo de la comisaria europea para la Competencia, Margrethe Vestager, informó que la Comisión Europea estudiaría “en detalle” la sentencia en busca de un balance “de las cosas que hemos ganado y las cosas que hemos perdido”.
La Comisión había aplicado esa multa a Intel en 2009 por utilizar su posición dominante en el mercado europeo entre 2002 y 2007, para marginar a competidores mediante reducciones de precios “integral o parcialmente ocultas” acordadas a fabricantes de ordenadores.
Anulan multa de millones de euros a Intel
Al ser anunciada, esa multa por mil 60 millones de euros era la más elevada ya aplicada por órganos de la Unión Europea (UE), aunque posteriormente resultó ampliamente superada por otras sanciones a gigantes tecnológicos.
Desde entonces, el caso ha recorrido penosamente todo el camino judicial europeo. El propio Tribunal General había respaldado esta multa en 2017, pero la máxima corte europea le exigió que revisara la decisión.
En el comunicado divulgado este miércoles, el TGUE señaló que “no se encuentra en posición de identificar el monto de la multa que se relaciona únicamente con las restricciones” señaladas en el proceso.
“Por esa causa, anula en su totalidad el artículo de la decisión [de la Comisión] que impone a Intel una multa de mil 60 millones de euros”.
Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
El proceso tiene ahora por delante un complejo camino de apelaciones que podría arrastrarse hasta una decisión final por una década más.
