A punto de cumplir un año, el acuerdo comercial norteamericano T-MEC ha dado a los trabajadores manufactureros de México una poderosa herramienta para defender sus derechos, aunque un uso indebido podría dañar la competitividad del país.
El capítulo laboral del T-MEC, tratado que reemplazó al TLCAN el 1 de julio de 2020, obliga a Canadá, Estados Unidos y México a garantizar negociaciones colectivas auténticas, democracia sindical y libertad de asociación a los empleados de empresas que comercian en la región.
Para reforzar ese apartado se activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), instancia dónde denunciar a las compañías que incumplan estas leyes y sancionarlas, con penas que van desde aranceles hasta el bloqueo de importaciones.
Ya son dos los reclamos presentados ante el MLRR: el de trabajadores de una planta de General Motors en Silao, Guanajuato, y el de la autopartista Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas.
T-MEC y las exportaciones
Expertos consultados por la AFP advierten, no obstante, sobre la posibilidad de que Estados Unidos utilice este mecanismo para “bombardear” con quejas a las fábricas mexicanas y favorecer a las suyas.
“Si eso pasa, entonces es ‘detrimental’ para el comercio y al final del día será ‘detrimental’ para las empresas porque acabarán operando menos”, dice Valeria Moy, economista y directora del centro de pensamiento IMCO.
Las manufacturas representan casi 90% de las exportaciones mexicanas, 80% de las cuales van a Estados Unidos. Entre enero y mayo, esas ventas sumaron 193.435 millones de dólares.
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