La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos (EU), entregará a Washington una solicitud para que el Gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), informó el sindicato.
La petición establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas, México, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican como los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El TMEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.
La semana pasada, cientos de trabajadores han buscado, desde 2019, ser representados por una nueva organización sindical liderada por la activista y abogada Susana Prieto. Sin embargo, funcionarios laborales nunca han sometido su solicitud a votación.
Prieto informó que alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex fueron despedidos el año pasado, en lo que algunos trabajadores describieron como represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato.
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.
Bajo el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del T-MEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.
La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del tratado comercial TMEC.
La central obrera enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al Gobierno mexicano para una revisión adicional.
Funcionarios laborales mexicanos trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.
- “La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política”, dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.
