El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a las empresas a que ayuden a los trabajadores a acceder a las vacunas contra el COVID-19 y a que aumenten sus salarios, al tiempo que promocionó una infusión de 350 mil millones de dólares en ayuda federal a los gobiernos estatales y locales.
El Departamento de Trabajo informó el viernes que la economía añadió 266 mil puestos de trabajo en abril, por debajo del millón de empleos de la mayoría de los pronósticos.
Los republicanos dicen que los subsidios de desempleo mejorados son los responsables de estas cifras y sostienen que los beneficios desalientan a la gente a volver a trabajar.
“Mi expectativa es que, a medida que nuestra economía se recupere, estas empresas ofrezcan salarios justos y entornos de trabajo seguros. Al hacerlo, las empresas encontrarán muchos trabajadores, y todos vamos a salir de esto juntos mejor que antes”.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Biden también se defendió de los críticos que sostienen que la ampliación de las prestaciones de desempleo ofrecidas en la ley de ayuda por el COVID-19 aprobada en marzo está impidiendo que los estadounidenses acepten nuevos empleos.
Biden entrega 350 mil mdd a estados y gobiernos locales
El mandatario sostuvo que el Gobierno le recordará esta semana a los estados del país que cualquier estadounidense desempleado al que se le ofrezca un trabajo comparable al que tenía debe aceptarlo o arriesgarse a perder las prestaciones por desempleo.
El demócrata dijo que ordenará al Departamento de Trabajo que trabaje con los estados para restablecer los requisitos de que quienes reciben beneficios por desempleo deben demostrar que están buscando trabajo activamente.
Joe Biden también anunció este lunes un fondo de recuperación de 350 mil millones de dólares para ayudar a estados y gobiernos locales a hacer frente a la pandemia y facilitar la recuperación económica, algo que advirtió no será ni “fácil” ni “inmediato”.
Estos 350 mil millones de dólares, canalizados a través del Departamento del Tesoro, forman parte del tercer paquete de rescate fiscal aprobado por el Congreso de Estados Unidos en febrero, por valor de 1.9 billones de dólares.
