Van tras evasores de impuestos; emitirán órdenes de arresto: Reuters

Las órdenes de arresto contra evasores de impuestos podrían llegar en septiembre, dijo el procurador fiscal, Carlos Romero, mientras el gobierno intensifica una campaña agresiva para poner fin a lo que describe como años de débil recaudación tributaria.

En entrevista con la agencia de noticias Reuters, Romero señaló que están pendientes varias denuncias penales por violaciones en materia impositiva; sin embargo, no  proporcionó detalles sobre la cantidad o las empresas que podrían enfrentar los cargos.

“Íbamos a tener las primeras órdenes de aprehensión entre abril y mayo, pero se me atravesó una pandemia. Ahorita espero que entre septiembre y octubre. Entre 2020 y 2021, va a haber gente en la cárcel”,

Carlos Romero, procurador fiscal.

Las tácticas difíciles son posibles debido a una reforma implementada este año que clasifica el fraude fiscal por más de 7.8 millones de pesos (343,419 dólares) como un delito grave.

Los sospechosos de evadir impuestos pueden ser arrestados cuando son acusados ​​y detenidos durante el proceso. El procurador fiscal dijo que el momento de los arrestos dependerá de que los tribunales y otras autoridades puedan reabrir luego del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en México.

La fiscalía general es responsable de presentar cargos ante un juez y llevar a cabo arrestos basados ​​en quejas presentadas por el procurador fiscal.

Si grandes contribuyentes corporativos estuvieran bajo escrutinio, las órdenes de arresto podrían apuntar a varios puestos, incluida la persona a cargo de los pagos de impuestos, miembros de la junta, abogados y contadores, agregó Romero.

Por otro lado, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, señaló, el mes pasado que las autoridades habían abierto “cuatro o cinco” casos de fraude fiscal corporativo solo este año, sin revelar nombres.

De acuerdo con el procurador fiscal este año su oficina cerró dos casos criminales “importantes” contra compañías, sin especificar cómo se resolvieron. En una tercera instancia, una empresa llegó a un acuerdo con el gobierno cuando se le presentó el riesgo de cargos criminales por evasión de impuestos, destacó.

Sin embargo, no identificó cuales fueron los casos cerrados ni la compañía que llegó a un acuerdo con las autoridades mexicanas. La directora de asuntos corporativos de Walmart de México dijo que no tenía conocimiento de una denuncia penal, después de que la compañía dijo que pagó 8,080 millones de pesos en un acuerdo con la autoridad fiscal sobre la venta de un restaurante.

Mientras que la empresa Femsa, que se comprometió a pagar 8,800 millones de pesos  en impuestos, no recibió un cargo penal, dijo una portavoz.

El mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el fabricante de automóviles japonés Toyota Motor Corp estaba en el proceso de poner en orden su situación fiscal. Toyota en México se negó a comentar sobre sus asuntos fiscales.

Al respecto, el procurador fiscal señaló que no se ha dado información porque aún no hay noticias.

“Si el presidente no ha hecho un anuncio, es porque todavía no hay noticias”,

Carlos Romero, procurador fiscal.

Con información de agencias