El gigante tecnológico, Google, apeló la multa de 500 millones de euros (590 millones de dólares) que Francia le impuso por no haber negociado de “buena fe” la aplicación de los derechos afines, que retribuyen a los editores de prensa.
“Estamos en desacuerdo sobre determinados elementos jurídicos y consideramos que el monto de la multa es desproporcionado respecto a los esfuerzos que hemos puesto en marcha”.
Sébastien Missoffe, director general de Google en Francia.
La Autoridad de la Competencia francesa impuso a mediados de julio la primera multa de un regulador de la Unión Europea (UE) en materia de derechos afines desde la adopción por el bloque de una directiva en 2019, que Francia transpuso rápidamente.
El regulador también ordenó entonces a Google presentar “una oferta de remuneración por la utilización actual de sus contenidos protegidos” a los editores y agencias de prensa, con pena de multas “de hasta 900 mil euros (1.06 millones de dólares) por día de retraso”.
El gigante de internet explicó también que adoptó iniciativas para responder a las demandas de la Autoridad, como “ampliar” su oferta “a más de mil 200 editores de prensa”.
El conflicto radica en los derechos que la compañía estadounidense debe pagar a los editores de prensa franceses por los contenidos (fragmentos de artículos, fotos, vídeos, infografía) que aparecen en las páginas de resultados cuando el internauta realiza una búsqueda.
Google intentó obligar a editores a ceder derechos
Al principio Google era resistente a estos “derechos relacionados con los derechos de autor” e intentó obligar a los editores a cederle el derecho a utilizar gratuitamente sus contenidos, al considerar que ya cobraban lo suficiente por las visitas que generaba en sus páginas web.
Ante su rechazo a negociar una remuneración, los editores de prensa y las agencias de noticias, como la Agencia France-Presse (AFP), recurrieron a la Autoridad de la Competencia a finales de 2019 por “abuso de posición dominante”.
En abril de 2020, la Autoridad impuso “medidas de urgencia” a Google, o sea la obligación de negociar “de buena fe” una retribución a los editores de prensa, pero en septiembre de ese año estos recurrieron al regulador de nuevo por considerar que la compañía no estaba respetando sus obligaciones.
