A través de un mensaje en redes sociales, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que se ordenó bloquear 79 cuentas de personas físicas y morales (empresas), tanto mexicanas como de Rumanía, que se dedicaban a falsificar tarjetas bancarias.
En un mensaje aseguró que el grupo delictivo operaban en destinos turísticos.
Derivado del intercambio de información llevado a cabo entre las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la UIF, se logró identificar que el grupo delictivo es integrado principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero que actualmente se han expandido a otras zonas turísticas, tales como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta.
La “Operación Caribe”, detecta y realiza el desmantelamiento de organizaciones criminales que utilicen al sistema financiero mexicano para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas.
¿Cómo operaba el grupo delictivo?
Opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP).
Posteriormente realizar retiros a dichas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiero mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización.
- La UIF analizó operaciones inusuales, transferencias y recepciones interbancarias nacionales e internacionales, emisiones y recepciones de cheques.
La acción es el resultado de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada.
