Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera de manera indefinida el llamado “Plan B” de la reforma electoral, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que la decisión obedece a que “no quieren que haya democracia y son partidarios de la oligarquía”.
Durante su gira por Quintana Roo, López Obrador acusó al máximo tribunal de ser parte de la oligarquía: “Ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”.
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En declaraciones a medios, al iniciar la supervisión del Tren Maya en Quintana Roo, el mandatario mexicano señaló que entre las razones por las que la Corte frenó el “Plan B” se encuentra la negativa de los magistrados de reducir su sueldo.
“Los miembros del Poder Judicial y del INE ganan más que el Presidente de la República. Como la ley, lo que busca es reducir los sueldos, elevadísimos, de consejeros, jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues no quieren porque ellos tienen como dios al dinero… Ese es el fondo del asunto”.
Andrés Manuel López Obrador.
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“Plan B”, suspendido indefinidamente, Presidencia impugnará
El 24 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, admitió la controversia contra el llamado “Plan B” y concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para “efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”.
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En un comunicado, la SCJN detalló que en este mismo acuerdo, el ministro instructor solicitó a las autoridades demandadas, Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal, que presenten su contestación dentro del plazo legal que es de 30 días hábiles.
En contraparte, el Gobierno de México informó, mediante un comunicado, que, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek.
“El Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”.
Gobierno de México en comunicado.
