¡Indignante! Subastan cientos de documentos históricos de México

Tras la subasta de cientos de documentos históricos de México en miles de pesos este martes, el Archivo General de la Nación (AGN) denunció penalmente a la casa subastadora Morton.

El AGN presentó este martes una denuncia penal contra la casa subastadora Morton y las demás personas que resulten responsables, por la probable comercialización de Patrimonio Documental de la Nación.

En entrevista para Unotv.com, Marco Palafox Schmid, director jurídico del AGN indicó que “la denuncia no es contra el robo de documentos históricos, sino porque la Ley General de Archivos prohibe tajantemente la venta de archivos”.

Los documentos fueron ofertados dentro de una subasta que se realizó este martes 8 de septiembre de 2020.

Los documentos subastados forman parte de 75 lotes que contienen “testimonios de diversa correspondencia que intercambiaron líderes del movimiento de independencia, edictos relacionados con la conformación del primer imperio mexicano y bandos sobre la instauración del gobierno republicano tras el efímero primer imperio“, señala el AGN, que además solicitó la intervención de la FGR para asegurar dichos bienes.

Y destaca que los documentos pueden ser considerados como monumentos históricos y, por ende, adoptan la categoría de Patrimonio Documental de la Nación.

Sin embargo, Palafox Schmid señala que “aún falta determinar por medio de dictámenes técnicos asistidos por especialistas de archivos, si los documentos en subasta constituyen patrimonio documental de la nación”.

“El patrimonio documental de la nación no sólo son los archivos que están el Archivo General de la Nación, pueden estar custodiados por particulares u otros archivos, aunque no dejan de ser propiedad de la nación”

Los precios de los documentos históricos iban desde los cuatro mil pesos hasta más de 150 mil pesos, pero algunos fueron rematados por 3 mil 500 pesos, según la página web de Morton.

Entre los documentos que se vendieron se encuentra la Carta  de Morelos dirigida al comandante Juan Antonio Romero, vendida en 80 mil pesos, aunque su valor inicial estaba tasado en mínimo 100 mil pesos.

Así como un libro titulado “Escudo de armas de México“, publicada en 1746, y que cuenta la “historia de la epidemia que azotó al país de 1736 a 1737, conocida como: Matlazahuatl “red de granos”, señala la descripción. El ejemplar se vendió en 21 mil pesos.

Otro documento ofertado y que alcanzó la cifra de 30 mil pesos fue el manuscrito autógrafo de “El Pensador Mexicano” escrito por José Joaquín Fernández de Lizardi, el cual tenía un precio de salida de 35 mil pesos y un máximo de 50 mil.

Sobre la venta de documentos históricos

Mediante un comunicado de prensa, el AGN informó que la casa subastadora estaría incurriendo en otra falta al no informar sobre la intención de poner a la venta documentos históricos de relevancia para el entendimiento de la historia nacional, tal como lo señala la Ley General de Archivos.

La institución a cargo de los archivos nacionales también señaló que “independientemente de quién tenga la posesión, no se puede lucrar con el Patrimonio Documental de la Nación, ya que si bien los particulares pueden poseer y custodiar este patrimonio para su preservación, no tienen permitido venderlos ni lucrar con ellos”.

E indicó que es indispensable que se dé cuenta al Archivo General de la Nación sobre dichos movimientos, con el propósito de identificar probables actos constitutivos de tráfico ilícito de patrimonio documental de la nación, ya que realizar la transferencia de propiedad o posesión de estos bienes considerados patrimonio documental de la nación constituye un delito.

Palafox Schmid quien se presentó ante el ministerio público federal para hacer entrega de la denuncia, resaltó que “el tráfico ilícito de bienes culturales, particularmente de patrimonio documental, es un fenómeno de dimensiones preocupantes tanto en México como en el plano internacional, razón por la cual México ha emprendido un liderazgo en la región de Latinoamérica para prevenir, combatir y resarcir el tráfico ilícito de documentos”.

Y reiteró que “es importante que se desmotive esta práctica, sin dejar de entender la problemática de derechos fundamentales que puede surgir como el derecho a la propiedad y el derecho a la cultura”.