Por unanimidad de 108 votos, el Senado de la República aprobó la Ley General de Educación Superior reglamentaria del artículo tercero constitucional, para establecer la obligación del Estado mexicano de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior.
“Actualmente solamente 8 niños de cada cien que ingresan a primaria logran acabar sus estudios universitarios. Todavía tenemos una gran deuda por saldar, porque, por ejemplo, la UNAM es gratuita, pero estudiar cuesta, cuesta el tener acceso a un cuarto si uno es de fuera, cuestan los libros nos podemos encontrar muchos estudiantes que tienen que decidir entre comer o sacar fotocopias”,
Gilberto Herrera Ruiz, senador de Morena.
Además, se crea el Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, el cual contará con recursos para su operación hasta el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2022.
“De la necesidad de recursos suficientes, no solo para consolidar a las instituciones de educación superior, sino para apoyar un robusto sistema de becas que nos garantice que el principio de gratuidad no quede en letra muerta y sobre todo que evite la deriva de varias universidades públicas que enfrentan año con año insuficiencia presupuestal”,
Beatriz Paredes Rangel, Senadora del PRI
El Estado deberá establecer criterios para el financiamiento y regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior, además de garantizar la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior.
“Se considera que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada, pero en la ley ahorita se considera nada más a los órganos de gobierno, y nosotros tenemos que atender a su comunidad universitaria, sí a los órganos de gobierno, pero sobre todo a las maestras, maestros y alumnos”,
Antares Vázquez, Senadora de Morena.
Con ello termina con las denominadas “universidades patito”, pues para brindar el servicio necesariamente se deberá contar con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior.
“Hay instituciones de educación privada que están consolidadas, que son sinónimo de excelencia educativa a nivel nacional e internacional, que tendría que hacerse una facilidad para que cada año que tenga que renovar la certificación pueda darse en un término de 10 días o si no aplicar un término de afirmativa ficta. Lo que hoy la universidad pública no resuelve, tres de cada 10 mexicanos lo resuelven las universidades privadas”,
Alberto Galarza, Senador de Movimiento Ciudadano.
Se conforma el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que agrupará a autoridades, instituciones y organizaciones educativas, así como instancias para la evaluación y acreditación de educación superior. La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su trámite parlamentario.
