Dictaron prisión preventiva al médico Gerardo Grajales Yuca, en Chiapas. Durante la audiencia, el juez de control aseguró que familiares de Miguel Arturo Ramírez López, paciente fallecido por COVID-19, lo acusaron de haberse apropiado ilegalmente de una bomba de infusión médica, que ellos compraron.
Presuntamente se la habría quedado, a cambio de medicamentos suministrados por el hospital.
“Les pidieron, ni siquiera les dieron otra opción de cómo obtenerlo, si no, señalan que les puso a la vista el medicamento y que a cambio de eso, se iba a quedar con la bomba de infusión, esto evidentemente es la conducta que la ley penal castiga”.
Carlos Inocencio Morales Urbina, juez de Control
Sin embargo, una colaboradora del doctor Grajales en el hospital “Vida Mejor” del ISSSTE en Chiapas, reveló que familiares del paciente habían donado la bomba.
“Yo de nueva cuenta le quiero entregar la bomba de infusión y me dijo que no, que no la iban a aceptar que eso se lo iba a donar porque ellos estaban enterados de la falta de insumos”.
Anónimo, enfermera ISSSTECH
Por lo pronto, el médico se encuentra en prisión preventiva en su domicilio.
En este contexto Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, informó que la “Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia revisa el caso”.
Todo esto, dijo, “para asegurar el debido proceso y respetar las garantías constitucionales”.
Su defensa continúa recabando pruebas.
“Evidencias que tienen que deslindar al doctor ya de esto, el trabajo del abogado no nada más es sentarse, hacer un escrito, nosotros tenemos que investigar y ustedes han visto que hemos aportado testigos”.
Antonio Juárez Navarro, abogado defensor
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