El Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó una investigación contra el exministro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores. Esta medida, promovida por la ministra Norma Piña Hernández, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se toma a raíz de una denuncia anónima recibida el pasado 9 de abril.
La denuncia menciona supuestas irregularidades durante el mandato de Zaldívar. Según el documento, éstas podrían haber vulnerado la autonomía e independencia del PJF, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
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¿Quiénes son los señalados?
Según el documento judicial que circula en redes sociales, las acusaciones presentadas señalan a Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Se le acusa de ejercer influencia indebida para obtener fallos a su favor, ofreciéndoles incentivos políticos y económicos, así como asignaciones preferenciales.
“Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de
Investigación en contra de colaboradores de Arturo Zaldívar
que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios
de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
Según la investigación, alrededor de 60 jueces y magistrados estarían entre los implicados en actos de nepotismo, tráfico de influencias y asignación indebida de recursos. Entre ellos señalan a los funcionarios:
Netzai Sandoval, exdirector del Instituto de la Defensoría Federal; Jaime Santana Turral, extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina; el juez Felipe de Jesús Delgadillo, y Arely Gómez, quien actualmente es miembro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre otros.
Zaldívar responde a las acusaciones
En entrevista, el exministro Arturo Zaldívar mencionó que la denuncia, que compone 16 páginas, es un documento sin pruebas. Además, agregó que tiene una intencionalidad política por parte de la ministra Norma Piña.
“La ministra Norma Piña admite a trámite esta queja violando toda la normatividad y todos los precedentes. Las denuncias que anónimas o que no aportan pruebas no se admiten, incluso se desechan. Hay una jurisprudencia tratándose de los ministros de la corte de que hay un principio de presunción, de inocencia y de buena fe en quien denuncia. También parece que esto tiene una intencionalidad política, muy clara, de especie de revancha a la 4T”.
Arturo Zaldívar exministro SCJN
