Ministros fijan postura sobre la legitimidad de actores y medio de impugnación para combatir Reforma Judicial
Este martes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatió sobre la legitimidad de los actores y el medio de impugnación contra la reciente Reforma Judicial. Con una mayoría de 8 votos, los ministros avalaron la legitimación de los partidos políticos para impugnar la reforma, aunque las opiniones sobre los límites y alcance de dicha legitimidad permanecieron divididas.
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La Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández defendió la postura de que los partidos políticos, así como la minoría parlamentaria de Zacatecas y el partido Unidad Democrática de Zacatecas, están legitimados para cuestionar la reforma:
“Yo considero y estoy de acuerdo con la legitimación de los partidos políticos, no voy a coincidir en no reconocer legitimación a la minoría parlamentaria del Congreso del estado de Zacatecas…”.
En el debate, el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que el medio de control constitucional es adecuado ya que, en su visión, la reforma tiene un carácter electoral.
“Sería ilusorio sostener que la Constitución no establece las bases electorales, este proceso inicia con la propia entrada en vigor de la reforma Constitucional”…”.”.
Sin embargo, otros ministros como Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán mostraron desacuerdo, al sostener que la reforma no constituye una norma electoral y que la Corte no debe intervenir en decisiones que corresponden al poder reformador.
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Según Esquivel Mossa, “la pretensión de los partidos accionantes es que expulsemos algunas de las normas constitucionales… lo cual debemos evitar por el bien de la República”.
Por su parte, los ministros Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo sostuvieron que corresponde al tribunal constitucional la revisión de las normas que precisamente van en contra de la propia Carta Magna.
Según Aguilar Morales, “consideraré que lo impugnado no es propiamente un acto constitucional, cuando se trata al menos en los hechos de eliminar completamente al Poder Judicial de la Federación”.
La discusión continúa, reflejando la complejidad y el impacto que esta reforma podría tener en el equilibrio de poderes y la democracia en México.
