La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado una decisión importante respecto a la controversia surgida entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y diversas diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por mayoría de votos, se ha confirmado que la mandataria cometió violencia política de género en contra de las legisladoras. En consecuencia, deberá ser inscrita en el registro de personas sancionadas por este tipo de conductas.
El conflicto surgió a raíz de unas declaraciones realizadas por la gobernadora en el programa “Martes del Jaguar”. En ellas insinuó que algunas diputadas habrían enviado fotografías íntimas al presidente de su partido a cambio de favores políticos. Estas expresiones generaron una serie de denuncias por parte de las legisladoras del PRI, no sólo contra Layda Sansores, sino también contra miembros de Morena, su dirigente en Campeche, así como medios de comunicación, influencers y analistas políticos, debido a la difusión y publicación de los contenidos en redes sociales.
La Sala Superior ya había determinado previamente que se afectaron los derechos de las diputadas. Dictaminó la adopción de medidas para proteger y reparar dichas afectaciones. Por su parte, la Sala Regional Especializada también encontró que hubo violencia política de género en contra de las diputadas. Aplicó sanciones económicas a los responsables, incluida la gobernadora.
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El Pleno de la Sala Superior, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, confirmó que las expresiones denunciadas constituyeron violencia política de género. Reafirmó la necesidad de inscribir a la gobernadora y a las demás personas responsables en el registro de personas sancionadas. No obstante, propusieron revocar la temporalidad de la sanción para que la Sala responsable analice nuevamente si se acredita o no la violencia política de género en el caso de las otras personas denunciadas.
Además, a petición de otros magistrados, se decidió revocar las medidas de reparación integrales complementarias, argumentando que vulneran el principio de non bis in ídem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.
Por lo tanto, la Sala Regional Especializada deberá volver a determinar el periodo durante el cual la gobernadora deberá permanecer registrada en el registro de personas sancionadas, siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia.
Esta resolución representa un importante precedente en la lucha contra la violencia política de género. Busca garantizar el respeto y la protección de los derechos de las mujeres que ejercen funciones públicas en México.
