Genaro García Luna, exsecretario federal de Seguridad Pública, rechazó testificar con el juez Brian Cogan en el juicio en su contra, de acuerdo con reportes preliminares de medios y reporteros enviados para dar seguimiento al caso.
El juicio García Luna se reanudó este lunes en Nueva York tras una inesperada decisión de la Fiscalía de poner fin al desfile de testigos y la posibilidad de que el interesado suba al estrado para defenderse de los cinco cargos de narcotráfico y falsificación de documentación que le han llevado al banquillo.
Sigue el juicio contra Genaro García Luna
La Fiscalía estadounidense tiene previsto presentar este lunes como testigo a Jesús “Rey” Zambada, un exmiembro del cártel de Sinaloa que en el juicio de Joaquín “Chapo” Guzmán en 2018 contó que había entregado a García Luna entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.
La defensa, por su parte, dejó entrever el pasado miércoles la posibilidad de que quien fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 suba al estrado para defenderse.
La semana pasada, el equipo de la defensa de oficio que dirige el abogado César de Castro, presentó al juez instructor Brian Cogan un requerimiento para impedir que el gobierno en su interrogatorio aborde ciertos temas.
El juez respondió que todo lo que la corte puede decir es que “la indagación permisible en el contrainterrogatorio para demostrar la parcialidad o cuestionar la credibilidad puede ser más amplia que el alcance de las pruebas que el Tribunal ha permitido para demostrar los delitos imputados”.
La Corte no permitirá pruebas de bienes posteriores a 2012, que no tengan relación con los cargos, destinados a demostrar la supuesta riqueza del arquitecto de la lucha contra el narcotráfico durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Se estima que acusado habría recibido no menos de “230 millones de dólares” en sobornos procedentes del narcotráfico, según un cálculo elaborado en base a datos aportados por testigos.
La Fiscalía neoyorquía acusa a García Luna de cinco cargos, cuatro relacionados con las drogas y otro de falsedad de documentos. Es el funcionario mexicano de mayor grado que se sienta en el banquillo de tribunales estadounidenses.
El exjerarca habría ayudado al cartel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín “Chapo” Guzmán (condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense), a introducir 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos.
- “Narcoestado”…
A lo largo de tres semanas de juicio, los 25 testigos de cargo presentados por la Fiscalía han dejado en evidencia la penetración del narcotráfico en instancias destinadas a combatirlo como las fuerzas de seguridad y la convivencia con autoridades nacionales y locales, así como las aduaneras en puertos y aeropuertos.
“Independientemente de lo que pase con García Luna, en este juicio he aprendido dos cosas, una peor que la otra: que México es un narcoestado y que la Fiscalía estadounidense no tiene el menor escrúpulo para sacar adelante sus casos” apoyados en testigos que han visto reducidas sus condenas tras su colaboración con la justicia, declaró Peniley Ramírez, autora del libro “Los millonarios de la guerra” del sexenio de Calderón contra el narcotráfico.
El pasado martes, uno de los testigos más esperados, el exfiscal del estado mexicano de Nayarit Edgar Veytia, que cumple 20 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas, mencionó por primera vez el nombre del entonces presidente.
Según Veytia, el entonces gobernador Manuel González le informó de que en una reunión con Calderón y García Luna le instruyeron que apoyasen a Joaquín “Chapo” Guzmán, en detrimento del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, para hacerse con el control del cartel de Sinaloa.
En un tuit, el expresidente tildó de “absurdas” las declaraciones que reporta la prensa sobre testimonios de Veytia. “Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, aseguró.
Detenido en Dallas en diciembre de 2019, García Luna se instaló en Estados Unidos cuando dejó el gobierno mexicano en 2012. Seis años más tarde, solicitó la ciudadanía estadounidense.
Para la defensa todo el caso se ha construido con los testimonios de las “víctimas de la guerra al narcotráfico” de Calderón que quieren reducir su condena y vengarse del “rostro de la guerra”.
