Luego de que este miércoles concluyeron los alegatos finales, el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos pasará a la etapa de las deliberaciones del jurado, que comenzarían este viernes.
El final del juicio, como tal, llegó a tan sólo cuatro semanas de iniciado en un tribunal de Brooklyn, Nueva York, cuando se estimaba que duraría el doble, tiempo en el que testificaron 26 personas, en tanto que el proceso judicial ya se encuentra en su recta final.
Asimismo, este jueves continuarán las audiencias en el juzgado, donde durante la jornada el juez Brian Cogan explicará a los 12 miembros del jurado el procedimiento, lineamientos y reglas que deberán seguir para analizar y discutir tanto la evidencia como los testimonios que recibieron durante el último mes, en una etapa conocida como “Jury Charge”.
Será entonces cuando, al concluir Cogan con las indicaciones para los ciudadanos que decidirán sobre si García Luna es culpable o no de los cinco delitos de los que se le acusa, que iniciarán las deliberaciones, mismas que podrían comenzar entre este mismo jueves y mañana viernes las siete mujeres y cinco hombres del jurado.
¿Cómo va el juicio contra García Luna?
Durante los alegatos finales que se presentaron el miércoles, la fiscalía y la defensa presentaron dos caras opuestas del funcionario mexicano de mayor rango que se sienta en el banquillo de la justicia en Estados Unidos.
“Resulta chocante que mientras se reunía con (el expresidente estadounidense) Barack Obama estaba trabajando con el cartel de Sinaloa”, dijo el miércoles una de las fiscales, Erin Reid.
Durante éstos, la fiscalía hizo énfasis en su tesis de que el acusado, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, incurrió en corrupción “al máximo nivel” más allá de la “duda razonable”.
Para reforzar su planteamiento, el “abogado del Estado” llamó a 26 testigos a desfilar por el tribunal durante las cuatro semanas, entre los que hubo nueve prominentes narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos, y que ahora colaboran con la justicia estadounidense a cambio de reducir sus penas.
“No les pido que les caigan bien, han hecho cosas horribles, son criminales pero hay que conocerlos”, dijo la fiscal Sarith Komatireddy a lo largo de cuatro horas de alegatos.
Durante su turno, Komatireddy subrayó que sin la colaboración al “más alto nivel del gobierno mexicano“, la “operación multimillonaria” del cartel, que se sirvió de trenes, aviones, barcos, contenedores o submarinos para importar toneladas de droga de Sudamérica a través de aeropuertos, puertos o carreteras hacia Estados Unidos, “hubiera sido imposible de llevar a cabo”.
Asimismo, concluyó con que García Luna “fue su socio criminal” y por ello “recibió millones de dólares”, para después pedir al jurado que “hagan uso de su sentido común” y lo “declaren culpable”.
El “conteo de los daños”
Mientras que, durante las cuatro semanas que duró el juicio, varios de los exmiembros del Cártel de Sinaloa que participaron como testigos, entre ellos Jesús “Rey” Zambada, Sergio Villarreal “El Grande” y Óscar “Lobo” Valencia, aseguraron haber pagado millones de dólares al acusado, como también lo habría hecho Arturo Beltrán Leyva, quien supuestamente recolectaba dinero entre las diferentes facciones de su organización criminal para pagar mensualmente al poderoso “superpolicía” a cambio de protección.
Sumadas las cifras que se mencionaron en el juicio, son “270 millones de dólares” que García Luna habría recibido en sobornos, dijo el abogado de la defensa, César de Castro, quien preguntó dónde está ese dinero.
“No hay pruebas de que recibió dinero y no hay pruebas de que en el caso de que lo recibiera lo compartiera” con los subordinados que participaron en el esquema corrupto, aseguró. Y puso en duda la credibilidad de los testigos, que cayeron a menudo en contradicciones, y que considera las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que libró el gobierno de Calderón.
“Falta de pruebas no es una evidencia: lo tienen que probar, nosotros no tenemos que demostrarlo”, le dijo al jurado, tras recordarles que “no han encontrado un solo documento, grabación o foto que pueda corroborarlo”.
En tanto que García Luna, ingeniero mecánico de 54 años, rehusó declarar en el juicio. En su lugar lo hizo su esposa Cristina Pereyra para explicar su patrimonio, que cuenta con dos viviendas, dos restaurantes, dos motos, dos autos y “un bonito acuario”, como lo definió la defensa, en su casa de la capital mexicana, lejos de las extravagancias de otros narcos.
La defensa intenta retirar uno de los cinco cargos de los que es acusado: participar en una empresa criminal continuada, pues alegan que concluyó sus funciones como secretario de Seguridad Pública en 2012 y se instaló en Florida con su familia, donde ha vivido hasta su detención en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. La fiscalía se opone.
Si es hallado culpable, García Luna enfrenta una pena de entre 10 años y cadena perpetua, mientras que el Gobierno de México, que ha pedido a Estados Unidos su extradición, también reclama 700 millones de dólares del erario presuntamente malversados por el exsecretario.
