El Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa admitió a trámite la primera demanda de garantías en contra del Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Reforma al Poder Judicial que amplía dos años la gestión del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo, reservó en la admisión de la demanda la identidad de la persona que interpuso la demanda de amparo el pasado 17 de junio. La juez estableció el próximo 4 de agosto para la celebración de la audiencia constitucional donde se resolverá si concede o no la suspensión de los actos reclamados.
El pasado 18 de junio el Juzgado Décimo Segundo de Distrito con sede en el Estado de Chihuahua desechó por notoriamente improcedente una demanda similar pues el impartidor de justicia Fernando Luevano, consideró que la parte quejosa carecía de interés directo para demandar la inconstitucionalidad de la ampliación del mandato de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
El pasado 23 de abril del 2021, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la llamada “Ley Zaldívar” que incluye la polémica ampliación del mandato del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar para que permanezca en su cargo hasta el 31 de diciembre del 2024.
¿Qué dice la reforma sobre la ampliación de mandato de Zaldívar?
Los diputados avalaron el polémico Artículo Décimo Tercero Transitorio, que permite al actual ministro Zaldívar mantenerse por dos años más en el cargo de presidente de la Suprema Corte.
El artículo establece que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.
¿En qué consisten las reformas constitucionales?
Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial de la Federación, que han sido señaladas de inconstitucionales, son parte de una serie de modificaciones que buscarían evitar prácticas de corrupción y nepotismo en las instancias judiciales del país.
Tras la conclusión del proceso Legislativo, Zaldívar aseguró que estará al pendiente de cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad”.
