El juzgado Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua a cargo de Juan Fernando Luévano Ovalle, concedió la suspensión provisional a la magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua, Carmen Cordero Martínez, en contra del decreto de extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
La suspensión ordena al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abstenerse de realizar la transferencia de los 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación; además de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF.
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La demanda de amparo promovida por la magistrada impedirá por el momento la extinción de los fideicomisos, permitiendo que continúen bajo la administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los recursos aplicarse para los fines que fueron establecidos.
El juez programó para el 9 noviembre, la audiencia incidental donde determinará si concede la suspensión definitiva o bien revoca la medida cautelar
