El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señaló que el amparo que le otorgó un juez federal contra la orden de aprehensión que existía en su contra, demuestra que fue víctima de una persecución política que se basó en pruebas falsas.
En un video que compartió a través de su cuenta de Twitter, Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijo que el proceso penal en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, fue abierto para tratar de intimidarlo, callarlo y obligarlo a pedir licencia por sus posiciones políticas a favor del federalismo y en defensa de la Constitución Mexicana.
“Un juez federal me da la razón y confirma lo que siempre les dije, fui inculpado hace casi dos años por delitos que no cometí, soy inocente de lo que se me acusó y hoy la justicia me vuelve a dar la razón”.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas.
A pesar de que Francisco García Cabeza de Vaca habló en su video sobre pruebas falsas, la resolución que invoca se refiere a la falta de pruebas, no a la falsedad de las mismas, y a que la triangulación de recursos políticos mediante el uso de empresas “fantasmas”, no bastan para acreditar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
¿De qué fue acusado Francisco Javier García Cabeza de Vaca?
En agosto de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) investigó a Francisco García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.
La investigación contra el exgobernador de Tamaulipas dio como resultado que el Congreso de la Unión aprobara su desafuero para iniciar un proceso en su contra, el cual no prosperó.
Al final de su gobierno en Tamaulipas, en octubre de 2022, se activó una alerta migratoria para evitar que Francisco García Cabeza de Vaca saliera del país debido a las acusaciones que había en su contra.
Mediante un comunicado, sus abogados Diego Ruiz Durán y Ricardo Cajal Días, señalaron que un juez federal otorgó un amparo a favor de Francisco García Cabeza de Vaca, con lo que se frenó la orden de aprehensión que existía en su contra desde octubre de 2022.
En tanto, la FGR anunció que impugnará la resolución y que analiza proceder contra el juzgador federal, por considerar que su determinación violó el debido proceso al no convocar al Ministerio Público de la Federación que presentó la causa penal ante el juez de control.
