“Se jugó al azar con la vida profesional de personas juzgadoras y trabajadores”: jueces y magistrados rechazan tómbola judicial
Jueces y magistrados consideraron como un “acto verdaderamente humillante” la elección, mediante una tómbola, de cientos de magistraturas sometidas a elección en 2025.
Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) expresó su más “enérgica protesta en contra de los actos realizados por el Senado de la República”.
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El Senado de la República concluyó el proceso de insaculación para la elección extraordinaria de personas magistradas y juezas de distrito para el año 2025, en una sesión sabatina de casi cinco horas.
En el ejercicio, se definieron las 850 plazas sometidas a votación el próximo mes de junio. Serán las estimadas con números nones que salieron en la llamada “tómbola judicial”.
Al respecto, la Jufed consideró el sorteo como un acto “verdaderamente humillante, qué en forma alguna encuentra sustento legal”, además de que señaló que “se jugó al azar con la vida profesional no sólo de las personas juzgadoras, sino también de los trabajadores de confianza y de la familia de todos ellos.
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A decir de la organización, se decidió la terminación “arbitraria” de la función del 50% de los juzgadores de carrera en el año 2025, y el resto en 2027, “violando todas las reglas de acceso a la jurisdicción nacionales y convencionales”.
- “Además, se incurrió en un nuevo incumplimiento a las suspensiones decretadas por la justicia federal, que en muchos casos pasaron por la revisión solicitada por las autoridades responsables, quienes no lograron demostrar su ilegalidad”, señaló la Jufed en un comunicado.
La asociación insistió en que los actos del poder legislativo, “violan, flagrantemente el Estado de derecho y continúan de manera sistemática con el rompimiento de nuestro orden constitucional”, además de que consideraron que el procedimiento en cita es, “a todas luces un acto nulo que debe dejarse sin efecto”.
La Jufed informó que brindará “todo el apoyo y acompañamiento jurídico” a las personas juzgadoras cuyos derechos humanos y laborales “fueron atropellados, a través de esta acción arbitraria”.
