Por unas horas, San Lázaro se convirtió en el recinto de dos de los tres Poderes de la Unión. El salón de protocolos recibió a la plana mayor del Poder Judicial, encabezada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, con motivo de la reforma para elegir en las urnas a ministros, magistrados y jueces del país.
“A escucharnos los unos a los otros, para analizar, debatir y construir una reforma incluyente, que retome el sentir de la ciudadanía que exige jueces imparciales, honestos y preparados”, señaló Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Por su parte, Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó que están abiertos a entablar un diálogo responsable, “pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante decisiones estructurales sólo puede dar paso a problemas mayores”.
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La mayoría parlamentaria de Morena dejó clara su posición de la iniciativa en voz de su coordinador, Ignacio Mier, quien señaló que están dispuestos a escuchar procedimientos, mecanismos, protocolos que garanticen la independencia y autonomía plena de los órganos, “que deberán ser electos democráticamente… también manifestamos como irreductible que estamos nosotros dispuestos a mantener, preservar, los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial”.
Las entrañas del Poder Judicial, a través de los ministros y consejeros de la Judicatura Federal, externaron sus preocupaciones.
“Sustituir en un sólo momento a más de mil 600 juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la SCJN, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales”, aseveró Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.
Por su parte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la SCJN, aseguró que “se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia, estamos politizando los nombramientos, la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”.
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La denominada ministra del pueblo, Lenia Batres Guadarrama, reiteró su postura de limitar al Tribunal Constitucional:
“Limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios”, expresó.
Sobre su aseveración, el ministro Alberto Pérez Dayán le contestó que “prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte, significa admitir la violación de derechos humanos de modo irreversible, si esas normas resultan inconstitucionales”.
La principal preocupación de los juzgadores es la vulneración de la independencia, precisamente, de los juzgadores.
“El método de elección popular por propia definición y naturaleza busca generar un compromiso con el elector, eso lo saben ustedes mejor que nadie, esa es la esencia, el cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometería la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y conflicto de interés”.
Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN.
Al respecto, Juana Fuentes Velázquez, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, señaló que si los jueces son elegidos por voto popular, “¿cómo se le garantiza a la sociedad que su única lealtad sea la ley y la justicia y no a quienes lo promueven? El mandato en las urnas no es una licencia para debilitar el equilibrio de poderes, por lo cual generaciones enteras dieron incluso sus vidas.”
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Los juzgadores también plantearon la posibilidad de realizar escalonadamente la sustitución de la actual integración del Poder Judicial.
“La elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Disciplina Judicial. La sustitución progresiva de juezas, jueces, magistrados y magistradas”.
Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la SCJN.
Eva Verónica De Gyves, consejera de la Judicatura Federal, pugnó porque la sustitución de las personas juzgadoras a nivel federal sea progresiva, “es decir, se vaya dando de forma gradual en los distintos estados de la República, atendiendo a las cargas de trabajo, ello con la finalidad de que la impartición de justicia no se vea afectada”.
El último orador del encuentro fue el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien señaló que sin legitimación social, “la independencia no es más que una máscara para juzgar en contra de los intereses y derechos del pueblo. La legitimidad social en la justicia en México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora”.
