Durante la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), fueron declaradas inválidas las modificaciones a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptadas en su Consejo Político Nacional (CPN), donde Alejandro Moreno Cárdenas podría extender su estancia al frente del tricolor.
INE invalida modificaciones a favor de Alejandro Moreno
El Consejo General del INE invalidó las modificaciones aceptadas por Alejandro Moreno y el Consejo Político Nacional del PRI, donde se había aprobado cambios al artículo 83, facción XXXVII, de los estatutos del partido, mismas que permitirían extender la estancia de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano al frente del PRI hasta agosto de 2024.
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La modificación ya había sido polémica desde su aceptación el pasado 19 de diciembre de 2022, exlíderes del partido manifestaron su descontento, así como actuales funcionarios del partido en la política mexicana como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruíz Massieu y Héctor Astudillo.
En el Consejo General del INE se consideró que no había una justificación que permita considerar la legalidad de que en la LXII sesión extraordinaria del CPN se aprobaran las modificaciones presentadas a los estatutos del PRI, por lo que, con seis votos a favor y cinco en contra, se declaró la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones.
Cabe mencionar, que existe aún la posibilidad de impugnación misma que tendría que ser analizada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Respuesta del PRI a negativa del INE
A través de sus redes sociales, el PRI respondió al dictamen del INE y subrayó que las modificaciones a sus estatutos “no consisten en una extensión del mandato de la dirigencia nacional del PRI como equivocadamente se pretende señalar”.
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Destacan que las modificaciones buscan adecuarse a la normativa electoral con la inminente aprobación de la Reforma Electoral con el llamado “Plan B”.
Indicaron que respetan la determinación, sin dejar de considerar que falta el posicionamiento de las demás instancias en la materia, y se deberán agotar todas las etapas del proceso para acreditar la legalidad de las modificaciones realizadas a sus estatutos.
