Se llevó a cabo este 16 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se determinó improcedente la solicitud de medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido político Movimiento Regeneración Nacional por la realización de actos y difusión de información relacionada con la Consulta Popular que se realizará el 1 de agosto.
¿Cuál fue la solicitud?
14 ciudadanos solicitaron medidas cautelares en tutela preventiva contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido político Morena, por la celebración de un evento partidista el 27 de junio, en donde se promovió el ejercicio de la consulta bajo el argumento de que éste llevará a juicio a los expresidentes de México, mensaje que fue transmitido un día después en la cuenta de Twitter del partido político y retomado por el Ejecutivo Federal en su conferencia del 28 de junio.
Los ciudadanos indicaron que estas conductas vulneran las disposiciones constitucionales que indican que sólo el INE puede difundir información sobre la Consulta Popular, además fueron realizados fuera de los tiempos permitidos y buscan desvirtuar la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En consecuencia, solicitaron la suspensión de las mañaneras, así como que se exhortara al Primer Mandatario y a Morena abstenerse de emitir pronunciamientos políticos relacionados con este ejercicio ciudadano.
¿Qué resolvió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE?
La Sala Regional Especializada fue la encargada de realizar la determinación de fondo, donde se declaró la improcedencia de las medidas cautelares, argumentando que, aunque el Instituto es el que debe promover la participación ciudadana en los términos previstos en la norma, no significa que exista una prohibición o impedimento jurídico para que la ciudadanía participe y se involucre en la Consulta Popular.
Además, se determinó la improcedencia, debido a que la petición se basó en la valoración de hechos futuros de realización incierta.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.
