La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los servidores públicos que participan en procesos internos de Morena y el Frente Amplio por México, aspirantes a la presidencia, podrán permanecer en su cargo.
“Ante los dilemas interpretativos sobre aplicar una restricción, como puede ser obligarlos a separarse del cargo, la Sala Superior ha elegido la interpretación que permite maximizar y equilibrar los derechos y ha optado por no exigir esa separación por considerarla un requisito excesivo y desproporcional”, señaló Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del TEPJF.
La magistrada Janine Otálora había propuesto que todos los participantes en estos procesos se separaran de su encargo o función pública.
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“En mi opinión, es evidente que las personas inscritas ejercen un rol protagónico en el desarrollo de estos procesos, son quienes encabezan los actos, actividades y propaganda con la finalidad de ocupar los liderazgos políticos”, expresó la magistrada.
“Por ello no existe otra garantía suficiente para asegurar la neutralidad e imparcialidad, así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos, que exigir la separación del cargo, cargo público de quienes se inscriban a participar en estos procesos”.
Janine Otálora Malassis / Magistrada de la Sala Superior del TEPJF.
Sin embargo, una mayoría de cinco magistrados se pronunció en contra del proyecto. Consideraron que esa restricción era innecesaria y desproporcionada.
“Al pasar el test de constitucionalidad, esta medida de separarse de los funcionarios, de los que hoy todavía son funcionarios públicos que participan en un proceso interno de algunas agrupaciones políticas, me parece que dicha medida tampoco cumple con el test de constitucionalidad, toda vez que me parece que no es ni necesario, ni proporcional para los fines que persigue”, señaló el magistrado José Luis Vargas Valdés.
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Por su parte, Indalfer Infante expresó que las posibilidades o las probabilidades de que hubiera alguna infracción “serían analizadas caso por caso”.
Los magistrados recordaron que es posible sancionar a los funcionarios si transgreden la legislación electoral e incluso si hacen uso indebido de recursos públicos.
“El hecho de estar ejerciendo tampoco los libera de que puedan ejercer recursos indebidamente, ni de generar alguna conducta indebida, por lo cual estimo que, como está expresado en el propio acuerdo, es innecesaria y respetuosamente desproporcional agregar una limitante a los servidores públicos para que tengan que renunciar, incluso el partido político que lo hizo, Morena, lo hizo atendiendo a una decisión de autonomía intrapartidaria”, señaló la ministra Mónica Aralí Soto Fregoso.
Finalmente, la magistrada Janine Otálora informó que solicitará al órgano interno de control una investigación por la filtración de su proyecto a los medios de comunicación, petición que fue respaldada por el pleno de la Sala Superior.
