La Fiscalía General de la República (FGR) inició un procedimiento penal inmediato contra la determinación del juez federal, Roberto Omar Paredes Gorostieta, para absolver del delito de ejercicio indebido de servicio público a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.
¿A cuánto asciende el daño patrimonial por la “Estafa Maestra”?
La dependencia federal indicó que la decisión de juez es contraria a la ley, ya que la cantidad saqueada en la “Estafa Maestra” supera los 5 mil millones de pesos, además de que hay 24 casos penales federales y más de 50 personas involucradas en averiguaciones previas y carpetas de investigación de carácter penal.
Precisó que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, supo del daño patrimonial en la dependencia que encabezaba y existen pruebas al respecto, además de que no avisó por escrito a su superior, ni impidió ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones.
Precisó que el sobreseimiento en forma total y con efectos de sentencia absolutoria a favor de Rosario Robles es un acto de injusticia “inaudito” que, por carecer de fundamento, obliga a la Fiscalía a iniciar un procedimiento penal inmediato.
“Es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes. Y declarar que eso no constituye delito, es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”.
Comunicado de la Fiscalía General de la República
¿Cómo usó la ley el juez que absolvió a Rosario Robles?
La FGR precisó que el juez, contrario la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, utilizó dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente para violentar la ley y las constancias que hay en los expedientes penales respectivos.
Puntualizó que incorporará a la apelación correspondiente, ya que la Fiscalía General de la República no puede omitir su responsabilidad de “perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia”.
