La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a jueces y magistrados federales de favorecer a Emilio Lozoya en torno al caso Odebrecht, tras desechar pruebas contra el exfuncionario.
Este domingo, a través de un comunicado, le FGR aseguró que “los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio ‘L’, y en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex”.
Asimismo, la fiscalía federal aseguró que el desecho de pruebas contra Lozoya Austin se realizó “de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal”, pues recalcó que éstas se obtuvieron y presentaron “con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional artículo 133”.
Mientras que agregó que las pruebas bancarias presentadas en el marco del caso contra el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) no sólo las aplica constantemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con otros países, sino que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las ha considerado legales.
¿Por qué los señalamientos de la FGR?
Y es que este sábado se informó que un tribunal federal desechó diversas pruebas bancarias, entre ellas información aportada por la Confederación Suiza y comprobantes bancarios de transferencias de recursos offshore de Odebrecht a las empresas Latin America Asia Capital Holding y Zecapan S.A.
De igual forma, el organismo judicial apuntó que éstas no serán tomadas en cuenta en el caso contra el extitular de la paraestatal por haber sido obtenidos a través de una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, y remitidas por el Ministerio Público de Justicia de Brasil, y no por medio de una orden judicial.
Aunque dicho tribunal sí aceptó como medio de prueba el procedimiento judicial iniciado contra Odebrecht por parte de la justicia en Nueva York, Estados Unidos.
En tanto que hasta el momento el caso está sustentado únicamente en declaraciones sobre los presuntos sobornos de la empresa brasileña, con los que supuestamente Lozoya habría comprado el voto de legisladores mexicanos para la aprobación de la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
